El juez cita a Jordi Pujol y a Marta Ferrusola como imputados por blanqueo el 10 de febrero

Agencias El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para el 10 de febrero al expresidente catalán Jordi Pujol y a su mujer Marta Ferrusola como imputados por un delito de blanqueo de capitales y a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, le ha llamado a declarar al día siguiente.

El expresidente catalán y su mujer están llamados a declarar, respectivamente, a las 10:00 y a las 11:30 horas del próximo 10 de febrero, según el auto al que ha tenido acceso RTVE. De la Mata ha adoptado esta decisión tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, en la que estaban ya imputados el matrimonio y cuatro de sus siete hijos, Jordi, Marta, Mireia y Pere.

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La nueva citación a Jordi Pujol Ferrusola, para el próximo 11 de febrero, ha sido a petición propia después de que la acusación ejercida por UPyD pidiera al juez llamarle de nuevo a declarar para plantear su ingreso en prisión u otra medida cautelar, como la retirada del pasaporte, ante la posibilidad de que trate de ocultar su fortuna.

En total, el magistrado ha dictado trece autos en los que da un impulso a la causa en la que investigaba el origen del patrimonio del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola y en la que mantenía imputados a sus hermanos Pere y Josep.

Una organización “pendiente de calificar”
El juez habla en el auto de imputación del matrimonio Pujol-Ferrusola, de “pautas comunes de actuación” en la familia, con “coordinación de actividades, asignación de roles” y “distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos los miembros, en función de los ingresos que se recibían en cuentas bancarias “ocultas” en el extranjero.

Así, De la Mata considera que hay un “particular sistema de rendición de cuentas” entre los miembros de la familia para controlar los “repartos de fondos” que revelan la existencia de un “patrón de comportamiento reiterado durante años” entre ellos.

Todos estos elementos apuntan, según el magistrado, “elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendiente de calificar”.

“Canalizar capitales de presunto origen criminal”
Antes de hablar de los vínculos entre los miembros de la familia, el juez considera “importante” destacar el “entramado societario internacional” utilizado por el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y su mujer, Mercé Gironés Riera, como titulares de varias sociedades instrumentales que “no producen valor real añadido alguno” y que utilizaron, según el magistrado, para “canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”.

A través de estas sociedades, según describe el auto, se facturaron “indiciariamente”, más de 11 millones de euros, por supuestas tareas de asesoramiento a un conjunto de empresas que tiene como denominador común que sus negocios provienen principalmente de “concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico”.

Unas supuestas tareas de asesoramiento sobre las cuales, continúa el auto, no se ha aportado “el más leve indicio que justifique la preparación, realización o seguimiento” de los trabajos para los que se “simuló” la contratación de Jordi Pujol Ferrusola.

Al contrario, dice el juez, hay indicios de “refacturaciones, de operaciones comerciales ilógicas y de supuestas intermediaciones” en que la “contraparte respectiva” niega “rotundamente” que el primogénito de la familia intermediara o participara.

Más de un millón de euros de origen “desconocido”
Después de cada ingreso “sospechoso”, según el auto, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se hicieran traspasos a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta, “todos ellos titulares de cuentas” en Andorra. Unos movimientos que también afectaban a la cuenta titulada por su madre, Marta Ferrusola, también “beneficiaria de algunos de estos repartos”, señala.

De forma especial, el juez destaca la existencia de una cuenta, la 63810, abierta en la Banca Reig, en Andorra, en el año 2000. Una cuenta en la que, según la documentación aportada por la entidad, figuraba Jordi Pujol Ferrusola como titular individual, con una primera partida de ingreso cifrada en 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

Uno de los documentos aportados por la entidad bancaria, firmado por Jordi Pujol hijo explica que él no es dueño de esos fondos y que el titular real de ellos es su padre, el expresidente catalán Jordi Pujol. El origen de ese ingreso inicial en efectivo en la cuenta es “desconocido”, señala el magistrado.

“No consta la realidad del legado hereditario”
A todo esto se suma el hecho de que “no consta la realidad del legado hereditario” que, según la confesión realizada por el propio Jordi Pujol Soley, había tenido oculto en el extranjero durante más de 30 años.

El expresidente catalán dispuso de los fondos de dicha cuenta hasta finales de 2010 “con idéntica intención de ocultación, utilizando persona interpuesta y ocultando también su origen” y, continúa el juez, “dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años” al frente de la Generalitat de Cataluña.

Tras conocerse el auto, la defensa jurídica del expresidente catalán Jordi Pujol ha sostenido, en declaraciones recogidas por Efe, que no existe fundamento para su incriminación por blanqueo de capitales porque, según argumenta, no hay “conexión del patrimonio familiar con ejercicio desviado o torcido de la gestión pública”.

El magistrado ha acordado también citar a declarar como testigos el próximo 9 de febrero al empresario Sebastián Vives Sancha, presidente en Life Global Group; al promotor inmobiliario Manuel José Nadal y a dos representantes de distintas compañías que obtuvieron contratos con la Generalitat, José Ramón Ruiz y Francisco Javier Vizcaíno.

Por otra parte, el juez ha rechazado los recursos en los que el vicepresidente segundo del Barça, Carles Vilarrubí, y el empresario de Life Mataró, Alejandro Guerrero Kandler, ambos imputados, solicitaban el archivo de las actuaciones en su contra.

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