El Gobierno provincial liderará una cumbre nacional de diputaciones por la innovación como ejercicio de transparencia

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El Gobierno provincial de Castellón, de la mano del Club de Innovación, liderará una cumbre nacional de las administraciones que dan servicio a los municipios de sus territorios y que a través de la incorporación de la innovación tecnológica pueden ser más útiles y transparentes al tiempo que abiertos a la participación ciudadana. Así, más de 50 instituciones están convocadas al Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios que promueve la Diputación de Castellón y el Club de Innovación con la colaboración de Partenalia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El diputado de Transparencia y Modernización, Luis Martínez, ha explicado que “este foro va a servir para que los gobiernos intermedios, ya sean diputaciones, cabildos insulares o comunidades autónomas uniprovinciales, pongamos en común las buenas prácticas que, a través de la modernización de nuestros procesos de trabajo, permiten un mejor servicio a los municipios. Teniendo claro que nuestro fin último es ser útiles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro territorio, este encuentro va a servir de punto de partida para adoptar prácticas y formas de trabajar que han tenido éxito en otras zonas de España y que se podrían implementar en nuestra provincia de cara a la optimización de los recursos en pro de una mejor calidad de vida”.

Así, entre las temáticas a tratar en este encuentro cuyo programa de ponencias y mesas redondas se está ultimando, aparece el reto de la aplicación de la Transparencia y el Buen Gobierno, en el que la Diputación de Castellón lleva tiempo trabajando. Otros puntos importantes serán la aplicación de la innovación a la Administración Online como uno de los saltos cualitativos en la prestación de servicios a la ciudadanía más importantes.

“Para saber cómo aprovechar las mejoras tecnológicas en el funcionamiento de la Administración es muy importante conocer qué se está haciendo en otros territorios. En el caso del Gobierno provincial de la Diputación, y gracias a la convicción de nuestro presidente, Javier Moliner, en los últimos cuatro años ha habido una profunda transformación en la forma de trabajar que ha permitido agilizar tiempos de respuesta al ciudadano y a los municipios, así como facilitar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia que empiecen a trabajar con la Diputación”, ha comentado el diputado Martínez.

Se cumple un mes de la activación de la Sede Electrónica

Prestar servicio a los ayuntamientos,a las empresas y a los ciudadanos de Castellón durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Es la filosofía que mantiene la Diputación de Castellón a través de su sede electrónica que cumple esta semana un mes desde su puesta en marcha. Con ello, y a través de su web www.dipcas.es, cualquier persona puede acceder a esta nueva herramienta online que facilita, sin necesidad de desplazamientos, cualquier procedimiento otorgándole la seguridad jurídica y el servicio de verificación de códigos de documentos electrónicos así como el seguimiento de la tramitación del expediente a través de la carpeta ciudadana.

En ese sentido, la sede electrónica ofrece distintos apartados dirigidos a los ayuntamientos, los ciudadanos y las empresas, ofreciendo de una forma muy visual e intuitiva el acceso a toda la información y tramitación por áreas. Por ejemplo, en el área de Acción Social, se pueden tramitar las solicitudes del servicio de Teleayuda, o en tributos cualquier trámite relacionado con impuestos, así como todos los recursos para que las empresas puedan optar a ser contratadas por la administración.

Cabe señalar que la puesta en marcha de la sede electrónica conlleva un importante ahorro, tanto económico como temporal, pues según datos aportados por el Modelo Europeo de Costes Estándar, la administración electrónica supone un ahorro de 75 euros por trámite a las arcas públicas en relación con la tramitación tradicional en papel. Además, también reduce el tiempo de trabajo por parte de los empleados públicos, pasando en algunos casos de 17 a sólo tres minutos.


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