El Gobierno destina 120,6 millones de euros para los gastos de las elecciones del 26J

Todos los datos sobre las elecciones generales en Valencia.
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Agencias El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para una modificación de crédito que permita destinar 120.691.816,71 euros para afrontar la repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio, un gasto que no estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado.

Los comicios del 20 de diciembre del año pasado costaron 136 millones de euros, de los que 49 millones fueron para el envío de propaganda electoral.

Otros 17,3 millones se gastaron en realizar el escrutinio provisional y en los medios informativos y 12,7 millones de euros más costó el despliegue de 90.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Para pagar a los miembros de las mesas electorales se destinaron unos 11,7 millones de euros, 370.603 euros fueron para urnas y cabinas y alrededor de 2 millones a montarlas y desmontarlas.

Los gastos de impresión de las papeletas, los sobres y otros documentos como los listados del censo fueron de 6,3 millones, y su empaquetado y distribución ascendieron a más de 1,3 millones. En torno a los 200.000 euros supone almacenar todo el material electoral, que a su vez cuesta otros 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros.

Un millón de euros como fondo de contingencia

Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional de elecciones, al tiempo que adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros.

Algo menos, 860.000 euros, se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda contemplado como fondo de contingencia.

Al margen de esta modificación de crédito, el Consejo de Ministros ha aprobado otra de 1.638.477,72 euros para el Ministerio del Interior, con el fin de atender el pago relativo a la financiación de los partidos políticos y la seguridad de sus sedes durante el período comprendido entre los días 21 y 31 de diciembre, es decir, desde la celebración de elecciones hasta el final de año.

Ese dinero debe repartirse según la distribución de escaños resultante de las elecciones y que quedaron sin ejecutar durante el pasado ejercicio.

Gobierno destina 38 millones a Correos

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 38 millones de euros para compensar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sus obligaciones de servicio público como prestador del servicio postal universal en las elecciones generales del 26 de junio.

Según la información facilitada por el Ejecutivo, Correos tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de este servicio y le corresponde prestar los servicios postales necesarios para el desarrollo normal del proceso electoral en curso.

Así, se ha previsto una compensación a Correos de 38 millones de euros por el gasto en el que incurrirá dicha sociedad por el cumplimiento de estas obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los costes reales de los servicios prestados.

Entre esos servicios figura el voto por correo “ordinario” por el que Correos pone a disposición de los interesados los impresos de solicitud que, una vez rellenados, facilitará a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Documentación electoral remitida por correo

Además, Correos se encartará de entregar a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo por correo certificado y se encargará de recibir la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado, y entregarla a la mesa electoral correspondiente.

Correos deberá asimismo llevar a cabo las actuaciones necesarias para que puedan ejercitar su derecho al voto por correo los electores residentes ausentes, los temporalmente ausentes, el personal embarcado, los miembros de las Fuerzas Armadas embarcados o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, así como los internos en centros penitenciarios.

Además, enviará a los electores las tarjetas censales en las que figuran los datos necesarios para que puedan ejercer su derecho al voto, remitirá a los ayuntamientos las listas del censo electoral y las listas de votación, y notificará las resoluciones de dicha Oficina que resuelvan las reclamaciones de rectificación del censo.

Se encargará por último de recoger la documentación electoral en las mesas electorales el día de la votación y del envío de la propaganda electoral de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.

Envío de propaganda electoral

A los envíos postales de propaganda electoral de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, que tendrán el carácter de ordinarios, se aplicará la tarifa postal especial de 0,006 euros.

Todas esas obligaciones tendrán que prestarse, con carácter general, entre el día de publicación de la convocatoria electoral -el pasado 3 de mayo- y los cien días siguientes al fijado para la celebración de la votación, que son el plazo previsto para la disolución de las juntas electorales provinciales y de zona, conforme se prevé en la normativa electoral.

El coste de dichas obligaciones, que tendrá la naturaleza de compensación, será el resultado de la aplicación del precio de cada una de las actuaciones de servicio público conforme a unas tarifas similares a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

Para el Gobierno, es una tarifa “asequible” y orientada a cubrir los costes reales del servicio en función del número final de servicios realizados. La estimación del coste final en este concepto es de 38 millones de euros, cifra que fue la gastada con motivo de las elecciones del 20 de diciembre de 2015.

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