El fiscal acusa a 137 guardias civiles por malversación y falsedad en el cobro de dietas

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AGENCIAS 
La Fiscalía Provincial de Madrid ha acusado a 137 guardias civiles por un delito de malversación y falsedad de documentos en el cobro de las dietas disfrutadas por los agentes en comisión de servicio, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público. La causa, que partió de un escrito de Asuntos Internos del Instituto Armado, se instruye en el Juzgado de Instrucción número 21 de Plaza de Castilla.

Los guardias civiles, entre ellos una veintena de oficiales -incluidos un teniente coronel, un comandante y cuatro capitanes- provenían de diferentes provincias y fingían que se quedaban a dormir en un hostal de la capital cuando, en realidad, pernoctaban en una residencia militar, pasando durante tres años facturas supuestamente falsas que fueron objeto de la investigación interna ahora judicializada.

La Fiscalía imputa a los investigados los delitos de malversación de dinero público y falsedad documentales, con lo que podría conllevar una sanción que incluiría ser apartados de la Guardia Civil.

Unos 14.000 euros estafados en tres años

La denuncia también va dirigida contra el dueño del hostal Las Vegas -situado no lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid- por participar en el falseamiento de las facturas de estos clientes, ya que imputaba importes superiores a la tarifa oficial.

Las sospechas saltaron debido a que las facturas se emitían por el importe máximo permitido (entre 48,92 y 65,97 euros). La cantidad total de la estafa asciende a unos 14.000 euros, dado que la mayoría de los investigados presentó pocas facturas, si bien hay uno que lo hizo en cuarenta ocasiones. De hecho, el menor fraude por las falsas dietas de pernoctación habría sido de 33,80 euros y el mayor de 1.489,74.

La investigación se ciñe al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014 y, dada la dispersión geográfica de los investigados, el juez que instruye la causa ha pedido a los juzgados provinciales que vayan llamado a los supuestos implicados para ser interrogados.

Las pesquisas parte del departamento de Asuntos Internos del cuerpo una vez que el servicio de Asuntos Económicos de la Guardia Civil detectara la existencia de facturas sospechosas. Ahora, a petición de la Fiscalía, el posible fraude lo atenderá el Juzgado 21 de Plaza de Castilla.


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