El CSD ha enviado  al Tribunal Administrativo del Deporte los casos de las federaciones de Fútbol y Baloncesto

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El Consejo Superior de Deportes comunica que en el día deayer ha remitido al Tribunal Administrativo del Deporte la documentación correspondiente a los casos de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Española de Baloncesto. En los dos casos, el CSD solicita al TAD que incoe expedientes disciplinarios a los presidentes de ambas federaciones, Ángel María Villar Llona y José Luis Sáez Regalado, así como al Vicepresidente Adjunto a la Presidencia para Asuntos Económicos de la RFEF, Juan Padrón Morales, y al Secretario General-Director Económico de la FEB, Luis Giménez Martínez.

En el caso de la Real Federación Española de Fútbol, el CSD ha remitido el asunto al TAD tras haber comprobado la documentación y las alegaciones correspondientes a los casos del Recreativo de Huelva S.A.D. y del Club Deportivo Marino Tenerife-Sur. Del análisis de dicha información se desprende que la actuación federativa ha podido ocasionar un agravio comparativo y un menoscabo del principio de igualdad de los clubes al adulterar gravemente la competición, lo que pondría en cuestión la imparcialidad de los responsables federativos a la hora de tratar a sus asociados. Igualmente podría constituir una actuación para eludir el cumplimiento de la propia normativa de la RFEF (artículos 49.1 y 192.1 párrafo cuarto del Reglamento General de la RFEF en el caso del Recreativo de Huelva S.A.D; y artículo 192.2 g) del Reglamento General de la RFEF para lo concerniente al Club Deportivo Marino Tenerife-Sur)

 

Además, el Consejo Superior de Deportes ha remitido al TAD el caso de la Federación Española de Baloncesto tras la revisión de las alegaciones que sus dirigentes presentaron como respuesta a la denuncia interpuesta por el Presidente de la Federación Catalana de Baloncesto el pasado 27 de noviembre. Sin que este paso obstaculice el normal desarrollo de la auditoría que se está realizando a las cuentas de la FEB, el CSD estima que la imputación de gastos particulares a las cuentas de la Federación, aunque hayan podido ser compensados con posterioridad, podría suponer una incorrecta utilización de los fondos federativos.


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