El conseller Marzà insta al delegado del Gobierno a trabajar para garantizar los derechos lingüísticos de las valencianas y los valencianos

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, acompañando por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se ha reunido con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, para entregarle un informe con casos de discriminación lingüística que se han producido en el territorio valenciano por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El conseller ha entregado al delegado del Gobierno un informe donde se detalla el marco normativo que ampare los derechos lingüísticos de los valencianos por parte de las administraciones, las recomendaciones del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre las lenguas regionales, la exposición de diferentes casos de discriminación lingüística producidos en nuestro territorio por parte de los servicios públicos dependientes del Estado, los incumplimientos de los compromisos adquiridos con la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración del Estado y la Oficina de las Lenguas Oficiales y, finalmente, las propuestas que plantea la Generalitat para solucionar los casos de discriminación lingüística por parte de los servicios públicos del Estado en nuestro territorio.

Las tres medidas que plantea la Generalitat al Gobierno central son: un plan de formación lingüística en valenciano y de información sobre la normativa y derechos lingüísticos para el personal de la Administración del Estado; que se active el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración del Estado, y que la Delegación del Gobierno haga un seguimiento de los casos de discriminación lingüística que se produzcan en el territorio valenciano y adopte las medidas necesarias.

Según Marzà, “el objetivo es tender puentes de colaboración entre administraciones para asegurar los derechos de las valencianas y de los valencianos en materia lingüística, y que los cuerpos y fuerzas del Estado conozcan estos derechos y reciben una formación adecuada para asegurar un buen servicio a la ciudadanía valenciana y respetar a todos los valencianos y valencianas por igual, sin discriminarlos por razones de lengua”.

Asimismo, el conseller Marzà ha expuesto diferentes recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos del Consejo de Europa en materia de lenguas regionales. El informe de enero de 2016 destaca la necesidad de la modificación del marco legal y la modificación del artículo 231 de la Ley orgánica del poder judicial para que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas en las comunidades autónomas puedan llevar a cabo el procedimiento en las lenguas cooficiales.

La Comisión de Expertos considera también que aún no hay una política estructurada por lo que respecta a la contratación y el ejercicio profesional para el personal de la Administración estatal situado en las comunidades autónomas que garantice el conocimiento laboral adecuado de las lenguas regionales o minoritarias. Es por eso que insta a las autoridades españolas a aumentar sustancialmente el número de personas que habla valenciano en las oficinas pertinentes de la Administración del Estado y a desarrollar programas de formación adecuados.

Por otro lado, el conseller Marzà ha recordado al delegado de Gobierno que, en 2007, se creó el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales. El objetivo del consejo es conseguir el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de diferentes lenguas cooficiales y de su reconocimiento en la actividad de los departamentos que la integran y de los organismo públicos dependientes o vinculados a aquella.

En este sentido, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha destacado que “la realidad es que el consejo solo se ha reunido en tres ocasiones desde su creación en 2007, siendo la última de estas en 2010, y eso a pesar de que el artículo 7 del Real decreto de creación establece que este se reunirá, por lo menos, una vez al año.

Por todo ello, la Generalitat propone a la Delegación del Gobierno trabajar por los derechos lingüísticos en nuestro territorio y poner las herramientas necesarias de colaboración para hacerlo efectivo.

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