El Consell y el Ayuntamiento de Valencia presentan el nuevo convenio para la puesta en funcionamiento del aparcamiento de Ciudad de Brujas

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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado que el Consell y el Ayuntamiento de Valencia van a firmar en breve un nuevo convenio para la puesta en funcionamiento del aparcamiento de Ciudad de Brujas.

Este convenio, que la Generalitat aprobará próximamente en el Pleno del Consell, tiene el objetivo prioritario de “dar soluciones satisfactorias a los intereses sociales y vecinales afectados” y permitirá finalmente “poner en funcionamiento esa instalación largamente demandada por los ciudadanos después de diez años de enfrentamiento entre las dos instituciones gobernadas por el PP”.

Asimismo, Salvador ha destacado que este convenio “es la culminación de un proceso iniciado hace medio año entre los equipos de la Conselleria y del Ayuntamiento de Valencia para resolver el problema creado por la nefasta gestión de los equipos anteriores del PP en las dos Administraciones valencianas en los últimos diez años en la zona del Mercado Central”.

Voluntad política

En opinión de Salvador, “la gran complejidad del problema es el motivo de que haya sido necesario un largo período de estudio legal para encontrar una solución que, con la premisa de satisfacer los intereses de los ciudadanos, sea aceptable para las dos Administraciones”.

Así, ha señalado, “lo que no pudieron resolver, siendo motivo de fuerte enfrentamiento durante años entre sus responsables públicas y a pesar de ser dos instituciones gobernadas por el PP, han conseguido resolverlo en beneficio de los ciudadanos los actuales equipos de gobierno de esas mismas instituciones en solo nueve meses”.

En este sentido, la consellera ha destacado que es esta “una muestra más de la nueva forma de hacer gestión política y ha afirmado que “era una cuestión de voluntad y de respeto a la ciudadanía, asumiendo que la prioridad era la satisfacción de los intereses colectivos, y no los egos e intereses personales que han caracterizado la acción política del PP durante el largo periodo que hemos sufrido de gestión de la mayor parte de las Administraciones valencianas”.

El nuevo convenio

El convenio especifica que el Ayuntamiento asumirá la responsabilidad de la explotación y garantizará a la Generalitat la recuperación de la elevada inversión para hacer ese estacionamiento urbano.

Según ha explicado la consellera tras reunirse con el alcalde, Joan Ribó, en este acuerdo, se reconoce que el estacionamiento es actualmente propiedad de la Generalitat, al haberlo construido y financiado, y que el Ayuntamiento de Valencia asumirá la condición de pagarle los 11,3 millones de euros de coste, durante un plazo de diez años.

Además, la Generalitat se encargará de la redacción de los proyectos de acceso al estacionamiento y de la adecuación del vestíbulo y conexión con el sótano del Mercado Central para que las obras sean ejecutadas por el Ayuntamiento conjuntamente con las obras exteriores de urbanización.

Desencuentros entre el Consell y el Ayuntamiento del PP

Hay que recordar que este nuevo convenio desbloquea una situación que se arrastra desde enero de 2007, cuanto el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria, ambas instituciones gobernadas por el PP, firmaron un protocolo de colaboración por el que la Generalitat construiría un estacionamiento público donde estaba prevista también una Estación de la Línea T2 del Metro Valencia, con un coste estimado de 13,4 millones de euros, que se pagaría a la Administración autonómica en el momento en que, terminadas las obras y entregadas al Ayuntamiento, este adjudicara el contrato de explotación.

Ese protocolo fue desarrollado con un convenio en 2008, y en 2013 se añadió una adenda que reducía la aportación municipal a 11,3 millones de euros, a cambio de que el Ayuntamiento, por medio de la empresa concesionaria, se hiciera cargo de la urbanización del entorno, los accesos y las conexiones de la instalación. Ese mismo año el Ayuntamiento licitó la explotación del estacionamiento e incluyó la obligación de pago de más de 23 millones de euros que incluían los 11,3 millones de euros que debería abonar a la Generalitat, las construcciones y urbanizaciones pendientes y el resarcimiento a pagar al concesionario del estacionamiento de la Plaza de Parcent.

La consecuencia de imputar unos gastos tan elevados fue que la licitación quedó desierta al no concurrir ningún licitador al concurso, y el Ayuntamiento de Valencia “decidió inhibirse del problema sin querer asumir el coste de la ejecución de la obra, trasladado la resolución de la explotación del estacionamiento a la Conselleria dirigida en ese momento por Isabel Bonig, abriéndose un sangriento conflicto interadministrativo del que fueron perjudicados todos los vecinos y vecinas de Valencia”.

Ante esa situación y después de numerosos contactos sin resultado, la Conselleria decidió unilateralmente en 2014 asumir la Administración de la infraestructura, sin contar con el Ayuntamiento, para lo cual aprobó, pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, un anteproyecto para la explotación del estacionamiento, al que se opuso frontalmente el consistorio dirigido por Rita Barberá, que reclamaba la titularidad municipal de los terrenos e instalaciones.


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