El Consell prepara una nueva Ley de Función Pública para avanzar en la profesionalización de la Administración y garantizar la igualdad

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– Las dos comisiones de especialistas formulan más de cien propuestas para mejorar la Administración pública con medidas que fomenten una igualdad real
– Proponen la creación de un sistema de becas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público
– Recomiendan la creación de un régimen legal de protección para el personal público que denuncie casos de corrupción en la Administración
– Solicitan la composición equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos ejecutivos, de asesoría y de selección de las plantillas

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell impulsará una nueva Ley de Función Pública Valenciana que refuerce y modernice la Administración y permita avanzar hacia una mayor profesionalización y eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y en el acceso a un empleo público.

Ximo Puig, acompañado por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha mantenido una reunión de trabajo con las dos comisiones de expertos a las que se encargó el estudio de una reforma de la Ley de Función Pública Valenciana. En este encuentro, ambas comisiones han presentado al jefe del Consell sendos informes que recogen más de un centenar de recomendaciones para mejorar la Administración pública con medidas para la igualdad real.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el jefe del Consell ha señalado que, a partir de los informes que han presentado las dos comisiones de especialistas, se abre “un gran debate social” que culminará previsiblemente el próximo año en Les Corts y que conducirá a la nueva Ley de Función Pública Valenciana.

“Es necesario absolutamente que la Administración valenciana se ponga a punto porque tenemos problemas graves”, ha aseverado Puig, quien se ha referido al alto envejecimiento del sector público o a la interinidad. “Y existe un problema que es sustancial al propio funcionamiento del autogobierno de los valencianos, porque tenemos menos funcionarios por habitante para ejercer nuestras competencias que cualquier otra comunidad autónoma”, ha denunciado el President.

Como ha explicado Puig, la reforma que planea el Consell no afectará únicamente a la Administración general de la Generalitat valenciana, sino también al sector instrumental. “Se trata de tener una función pública lo más profesionalizada y eficiente posible, y, sobre todo, de garantizar que todos los ciudadanos que quieran acceder a ella tengan las mismas oportunidades de hacerlo”.

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha resaltado que los informes elaborados por las dos comisiones de expertos “abren el camino para la construcción de un nuevo modelo de función pública y sentarán las bases para la construcción de una Administración moderna, transparente, eficaz y eficiente”.

Con la nueva Ley de Función Pública Valenciana, la Generalitat busca “un instrumento que permita aportar más flexibilidad y profesionalidad, para construir una Administración que sea el gran motor para la ejecución de las políticas públicas que este Consell se comprometió a presentar y ejecutar a lo largo de esta legislatura”, ha manifestado la titular de Justicia, quien ha añadido que para ello es necesaria “una administración moderna y eficaz”.

Bravo también ha anunciado que, durante el próximo mes de octubre, el Consell organizará unas jornadas para la presentación y debate de los informes que han elaborado los expertos. “Queremos abrir un diálogo social porque queremos que esta sea ley de todos”, ha indicado.

Más de cien recomendaciones

La primera de las comisiones ha formulado 125 recomendaciones para que la futura norma se convierta en motor de una profunda renovación de la administración valenciana.

Estas recomendaciones figuran en el extenso informe que el catedrático Miguel Sánchez Morón, presidente de la comisión, ha entregado al President de la Generalitat.

A esas 125 propuestas hay que sumar la batería de modificaciones que propone la segunda comisión de especialistas de reconocido prestigio que ha analizado la reforma de la ley de la Función Pública desde una perspectiva de género para asegurar la efectiva igualdad de acceso, condiciones laborales y promoción profesional de mujeres y hombres en la Administración valenciana. Su presidenta, la constitucionalista Julia Sevilla, ha explicado también al President las líneas maestras de su informe.

La comisión presidida por el catedrático Sánchez Morón apuesta por hacer de los principios de igualdad, mérito y capacidad la base del acceso a la función pública y el posterior progreso en la carrera administrativa del personal funcionario, pero siempre con la necesaria flexibilidad en la ordenación y gestión del sistema de empleo público para hacerlo eficiente. Al mismo tiempo, la reforma debe procurar un reforzamiento organizativo y de los instrumentos de gestión de la Generalitat en la materia, así como reforzar las exigencias éticas de la función pública.

El personal público

La comisión entiende que el régimen normal y preferente del empleo en las administraciones valencianas debe ser el funcionarial. Por eso, la futura ley deberá resaltar que el acceso a la función pública tiene lugar mediante procesos de carácter abierto y que el sistema ordinario es el de oposición.

Según explica el informe, esta es la forma más sencilla de ofrecer una oportunidad a la juventud, que de otro modo tendría muchas menos posibilidades de incorporarse a la función pública en concurrencia con quienes pueden alegar méritos ya contraídos en el servicio, como el personal funcionario o interino, así como el temporal.

En esta línea, los expertos proponen que la Generalitat inicie un programa de ayudas o becas para fomentar la preparación de oposiciones con la finalidad de permitir la dedicación a este objetivo de aquellas personas que, con mejores currículos académicos, puedan carecer de los necesarios recursos económicos para destinar varios meses o años de su vida a esa ocupación no retribuida.

Por lo que se refiere al personal funcionario interino, la futura ley debería actualizarse y, en lo que atañe a su selección mediante bolsas vinculadas a las ofertas de empleo público, especificar que solo estarán abiertas a personas que hayan aprobado al menos alguna de las pruebas del procedimiento selectivo correspondiente.

Dado la alta tasa de interinidad que presenta la administración valenciana, los expertos aconsejan algún procedimiento de consolidación de empleo temporal de larga duración que deberá ir precedido de un plan estratégico de recursos humanos en le que ya trabaja la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

Y, como una de las apuestas más destacadas, el informe propone que la futura ley incluya la figura del directivo público profesional, que considera “un factor estratégico de modernización”. Para ello, la norma deberá determinar qué puestos serán ocupados por estos profesionales de dirección que define como aquellos que consisten en la coordinación de unidades administrativas, el establecimiento y evaluación de objetivos de las mismas, la dirección de personas o la gestión de recursos con un alto nivel de responsabilidad.

La estructura de la Función Pública de la Generalitat

Los cuerpos y algunas escalas deben mantenerse como estructura de selección del personal funcionario de carrera, pero de manera que permita la más amplia polivalencia de los efectivos y la movilidad funcional. Para ello, la ley debería simplificar la estructura corporativa de la administración general de la Generalitat.

En concreto, el informe propone establecer un Cuerpo Superior de Administración de la Generalitat (A1), un Cuerpo de Gestión de la Administración de la Generalitat (A2), un Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Generalitat (C1) y un Cuerpo Auxiliar (C2). Y recomienda una profunda racionalización del sistema actual de cuerpos y escalas especiales.

La comisión propone también limitar el recurso excesivo a las fórmulas de comisión de servicios y adscripción provisional. Para evitar una utilización desviada de la comisión de servicios, la ley tendrá que exigir que las resoluciones que la otorgan exterioricen las razones imperiosas de urgencia e interés público que justifican su empleo y por qué no puede hacerse la provisión del puesto por otro procedimiento ordinario.

Y los expertos cuestionan la actual configuración de los méritos a tener en cuenta en los concursos de traslado, en especial de la antigüedad, porque consideran discutible que el simple transcurso del tiempo deba o pueda ser ponderado como un auténtico mérito, por lo que recomiendan cambiar el concepto de ‘antigüedad’ por el de ‘experiencia profesional en el servicio’.

La carrera profesional

Los expertos creen que la actual regulación de la ‘carrera horizontal’ ha desvirtuado casi por completo ese modelo de carrera y los efectos innovadores y de estímulo para las plantillas que debería tener, porque en la práctica omite la evaluación del ejercicio profesional. Según reza el informe, el sistema “es un simple mecanismo para elevar las retribuciones de los funcionarios con un nuevo complemento ligado a la antigüedad”.

La comisión propone que se reoriente el modelo, tanto en lo que se refiere a la carrera vertical, generalizando y aplicando los concursos ordinarios o específicos para la provisión de puestos de trabajo, como en lo que atañe a la carrera horizontal, vinculándola efectivamente a la evaluación del desempeño de los funcionarios.

Contra la corrupción

Una medida novedosa incluida en el informe de los expertos para combatir la corrupción en el ámbito público consiste en establecer un régimen legal de protección de los empleados públicos que denuncien casos de esa naturaleza (‘whistleblowers’ en la terminología inglesa), al igual que se ha hecho ya en otros ordenamientos. Al respecto, la garantía mínima es proteger la identidad de la persona que realiza una denuncia o alerta de una irregularidad, tanto para evitar que su actuación se divulgue públicamente como para ofrecerle confianza de que no sufrirá ningún tipo de represalias por parte de la administración o de sus superiores.

Derechos y formación

La regulación de los derechos del personal público que contiene la legislación vigente merece una valoración general positiva de la comisión, que la considera bastante completa aunque recomienda su revisión para incluir las novedades sobrevenidas que se han introducido en el Estatuto Básico del Empleado Público, como el permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. En todo caso, muchos de los avances que proponen están ya recogidos en el acuerdo de legislatura suscrito por la Generalitat con las principales centrales sindicales.

Igualdad real en la Función Pública Valenciana

Por su parte, la comisión experta en materia de igualdad que preside Julia Sevilla Merino, presidenta honoraria de la Red Feminista de Derecho Constitucional, ha concluido que “el volumen de preceptos que deben ser objeto de reforma y, en algunos casos, la intensidad en su modificación permiten recomendar la elaboración de un nuevo texto legal que derogue el vigente. Su mera reforma sería completamente insuficiente para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Su informe concluye que más de cien preceptos deben ser reformados si quieren cumplir con la perspectiva de género, una obligación exigida tanto por el Estatuto de Autonomía como las leyes de igualdad estatal y autonómica.

En particular, el documento muestra que la ley vigente incumple los artículos 44, en materia formativa, y 45, sobre promoción interna, de la propia regulación valenciana en materia de Igualdad. El informe también enuncia las propuestas de actuación para alinear el futuro texto legal con los mandatos de la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad efectiva, entre las que destacan:

– La composición equilibrada de mujeres y hombres en los órganos ejecutivos -como el Consejo Interdepartamental de Retribuciones-, asesores -el Consejo Asesor de la Función Pública Valenciana- y técnicos -como los encargados de la selección o promoción de la plantilla.

– Los criterios empleados en el sistema de clasificación profesional deben garantizar la ausencia de discriminaciones indirectas.

– La ordenación del personal debe evaluar su impacto o efecto en mujeres y hombres.

– La incorporación en el articulado de la ley de Función Pública el contenido del plan de igualdad y su equiparación con otros acuerdos colectivos.

– El ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, permitiendo ventajas concretas que favorezcan la corresponsabilidad.

– Entre las propuestas se incluye la obligatoriedad de las seis primeras semanas de duración del permiso de paternidad o su igualación progresiva en duración con el de maternidad hasta alcanzar las dieciséis semanas en 2021.

– La mejora en la protección de las empleadas víctimas de violencia de género, a quienes se extienden las medidas de traslado, movilidad y excedencia con independencia de su condición de funcionarias, interinas o laborales.

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