El Consell lleva a la Fiscalía Anticorrupción la constitución y ampliación de Desarrollo Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. por irregularidades

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 La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado hoy que el Gobierno valenciano ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción “las numerosas irregularidades detectadas a través de la Intervención de la Generalitat en el proceso de constitución y ampliación de la mercantil “Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L., puesta en marcha en 2004 por el Instituto Valenciano de la Vivienda y promovida por el entonces conseller Rafael Blasco”.

Oltra ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell celebrado hoy, que ha aprobado la disolución definitiva de esta Empresa Pública que se encontraba en preconcurso de acreedores desde enero de este año. La vicepresidenta ha señalado que “se ha cuantificado que esta sociedad ha dejado un agujero financiero de cerca de tres millones de euros, dinero con el que se puede construir, por ejemplo, un centro de salud”.

“Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.” fue creada en julio de 2004 por el anterior Consell, teniendo como socio minoritario, con una participación del 49%, al ya desaparecido Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA), que amplió hasta el 51% en 2010, cuando adquirió la condición de Empresa Pública, detectándose irregularidades en ambos momentos”.

Asimismo, la vicepresidenta se ha referido a la venta en 2005 por parte del IVVSA a esta mercantil de un solar en Alaquàs, propiedad de la Generalitat, para la construcción de vivienda sociales, “una promoción que se podría haber realizado directamente pero que se vendió por un importe de tres millones de euros”.

“A su vez, -ha añadido- la Mercantil pidió un préstamo para el pago que no se ha abonado por lo que actualmente la Generalitat se ha quedado con un solar que está en ejecución hipotecaria y con la deuda de 3 millones de euros”, lo que ha calificado de “traca”.

Por otra parte, ha señalado que, la ampliación de capital realizada en 2010 “no con contó con la preceptiva autorización del Consell” y que, además, al pasar a ser considerada como Empresa Pública, el IVF avaló el préstamo solicitado, cerrando así el círculo de saqueo y avalando el pufo de la desposesión de un bien y del dinero público “.

Además,- ha proseguido- hasta 2012 el IVVSA no reclamó a la empresa privada participante en la sociedad ninguna documentación contable ni fiscal y no es hasta 2015, con el nuevo Consell, cuando se presenta demanda ante el juzgado de lo Mercantil de Valencia para exigir esta documentación, con el fin de iniciar el proceso concursal”.

Oltra también ha denunciado que, “quienes se sentaban en el consejo de administración de eta empresa mixta, adjudicaban contratos directos a empresas de familiares directos por importes que alcanzaron hasta los 15 millones de euros, en un saqueo organizado que nos deja un agujero de 3 millones de euros a las arcas públicas”.

Responsabilidad de todo el Consell

La vicepresidenta ha responsabilizado al Consell al completo de 2004,2005 y 2010 de “provocar esta situación, en la que de tener un solar donde se iban a construir viviendas sociales pasamos a perderlo y, además, a deber 3 millones de euros por algo que ya era público”.

“Todo el Consell consintió en 2010 que se hiciera la ampliación de capital, que pasara a ser una Empresa Pública, con el aval del IVF, socializándose así las pérdidas”, ha afirmado.

Asimismo, ha invitado a Les Corts a sumarse a la denuncia por responsabilidades penales presentada por el Consell y exigir también “responsabilidad políticas por estos hechos mediante la constitución de una comisión de investigación”.

Gastos de 342 euros al día mientras se producían recortes de derechos

Ante preguntas de los periodistas sobre las facturas de más de medio millón de euros en gastos a cargo de la Conselleria de Economía y Hacienda, la Sociedad Proyectos Temáticos y CACSA en la etapa en la que estaba al frente Gerardo Camps, ha calificado estos hechos como un “escándalo mayúsculo, que forma parte de la ruina en diferido que el anterior Consell nos ha dejado y de la vergüenza que los valencianos y valencianas sentimos cada vez que se hacen públicas estas noticias”.

Oltra ha señalado que el actual Consell llevará a la Fiscalía estos hechos para que se investiguen “porque entendemos que se trata de gastos impropios, no de representación, sino de una vida de lujo y por encima de nuestras posibilidades, a costa de las arcas públicas y del sufrimiento de miles de ciudadanos y ciudadanas a los que, paralelamente, se estaban recortando derechos”.

En este sentido, ha indicado que este montante económico detectado “en restaurantes, hoteles y lujos suponen 342 euros al día en gastos durante los años de crisis. Lo que los dirigentes de de la Sociedad Proyectos Temáticos gastaban en un día en comilonas y artículos de lujo es lo que muchas familias tienen para vivir durante todo un mes”

“Mientras ellos llevaban una vida prestada, -ha explicado- no se estaba pagando la Renta Garantizada de Ciudadanía, se introducía el copago confiscatorio que hacía que miles de discapacitados tuvieran que abandonar sus terapia, el copago farmacéutico y se producía un tapón de 45.000 personas con derecho a las ayudas a la Dependencia que se quedaron en espera”.


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