El Consell del PP endosó al nuevo Ejecutivo de Puig una deuda de 400 millones con la AEAT por las retenciones de IRPF a los funcionarios

El Gobierno de Alberto Fabra endosó al nuevo Consell una deuda con la Agencia Tributaria que supera los 400 millones de euros, derivada del impago a la AEAT de las retenciones en concepto de IRPF practicadas en las nóminas de los funcionarios, con las que el anterior ejecutivo valenciano se estuvo financiando. Así lo ha desvelado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha recordado que, tal como se desprende de la Cuenta General de 2014, a 31 de diciembre pasado el Consell de Fabra mantenía impagados con la AEAT 951 millones, que se sumaban a otros 167 de las cuotas sociales de la Seguridad Social. En total, más de 1.100 millones pendientes de abono a la AEAT.

Esta situación se mantuvo en el primer semestre del ejercicio, de forma que cuando el nuevo Consell salido de las urnas del 24M tomó las riendas de la Generalitat se encontró con que tenía que hacer frente a una deuda de más de 400 millones. El problema nace en 2012, cuando la Generalitat está a punto de incurrir en “default” y el Ejecutivo de Fabra opta, de forma sistemática, por quedarse el dinero de las retenciones por IRPF de las nóminas de los funcionarios y no pagar a la AEAT, al tiempo que se solicita un aplazamiento para devolver estas cantidades.

El panorama continúa igual en 2013 y en abril el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, negocia un aplazamiento con el Ministerio de Hacienda. Finalmente le presentan un borrador de plan de pagos, de manera que se acuerda que cada mes el ministerio se quede una mensualidad de las atrasadas, más 7,2 millones para ir reduciendo la deuda, al tiempo que se aplazan las mensualidades correspondientes a 2013. En abril de 2013, cuando se presenta este borrador de plan de pagos, la deuda del Consell con la AEAT era de 399 millones.

Posteriormente, el ministerio concede ya formalmente el aplazamiento de estas deudas. Sin embargo, en el último trimestre de 2014, el Consell de Fabra deja de pagar lo comprometido en el plan de pagos. Entonces el ministerio inicia un expediente de extinción de las deudas, al tiempo que declara líquida, vencida y exigible toda la suma pendiente. Como colofón, en marzo de 2015, el ministerio directamente detrajo a la C. Valenciana nada menos que 700 millones de los anticipos con cargo a la financiación de meses posteriores incluso a junio de 2015 (es decir, un dinero que correspondía gestionar al nuevo Ejecutivo) para cobrarse la deuda. Este descuento unilateral dejó sin liquidez a la Generalitat y la colocó en una gravísima situación, que explica que el anterior Consell consumiera en seis meses el 80 % del presupuesto.
El descuento de 700 millones explica la reducción de la deuda pero sigue habiendo 402 millones pendientes de pago con la AEAT derivados de los impagos del Consell de Fabra que corresponden a las retenciones por IRPF de 2014 y 2015 de los funcionarios de la Generalitat. El nuevo Ejecutivo ha tomado la decisión de abonar a la AEAT estas cantidades, si bien, debido a su elevado volumen, todavía no se está al día. Desde junio, la deuda se ha logrado reducir en 75,3 millones de euros.

El conseller Vicent Soler subrayó que éste es “un pufo más de la gestión de los anteriores responsables del PP que nos hemos encontrado al llegar a la Generalitat”. “Los veinte años del PP en el Consell han dejado la Comunitat como un paisaje lunar donde todo son, no ya agujeros, sino cráteres económicos”. El titular de Hacienda, no obstante, censuró la actitud del Gobierno central del PP. “Es un gobierno antivalenciano que fue capaz de retirar unilateralmente 700 millones a la Generalitat, colocándola en el disparadero y asfixiando a la Administración y a la propia economía valenciana”, criticó, para destacar que, con esta actitud, se generó “un gravísimo problema de liquidez que se ha arrastrado estos meses, hasta el adicional del FLA que se cobrará el 16 de diciembre”.

Ferrando: “Se jugó con los derechos de los funcionarios”

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, denunció que el Consell del PP “puso en riesgo las retenciones por IRPF y las cotizaciones sociales de los funcionarios de la Generalitat” con su decisión de “financiarse a través de las cantidades que retiene a los empleados públicos y que tiene la obligación de abonar a la Agencia Tributaria”. “¿Cómo es posible que la Administración del PP incurriera en esta práctica de forma sistemática y no coyunturalmente como dijeron en su día?”, se preguntó Ferrando, para subrayar que, “si se tratara de una empresa privada, estos hechos revestirían una especial gravedad”.

Asimismo, Ferrando mostró su “alarma” ante la actitud del Gobierno con el anterior Consell, ambos del PP, al anularle 700 millones de su financiación. “Es una muestra más de lo que el Ejecutivo de Rajoy ha hecho en la legislatura con la Comunitat Valenciana, ignorar sus necesidades arrinconándola en inversiones y financiación, y mostrar una insensibilidad terrible”.


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