El Consell crea la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito que ofrecerá ayuda jurídica, psicológica y social en 21 ciudades

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se crea la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Este organismo, de gestión directa por parte de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ofrecerá a los ciudadanos una atención integral desde el punto de vista jurídico, psicológico y de asistencia social en el caso de que hayan sido víctimas o testigos de un delito.

Se trata de un proyecto pionero en España diseñado para que la víctima tenga toda la ayuda necesaria para orientarle en el proceso judicial y, sobre todo, para atenderle desde el punto de vista psicológico y social con el fin de que pueda superar un episodio tan traumático.

En este sentido, la red de oficinas está diseñada para que desde ellas se adopten todas las medidas necesarias para la protección y participación de las víctimas en los procesos judiciales y para evitar su segunda victimización.

Un total de 21 oficinas estarán a disposición de los valencianos. Habrá una en cada capital de provincia y otras 18 repartidas en Alzira, Sueca, Gandia, Xàtiva, Paterna, Requena, Sagunto, Torrent, Catarroja, Alcoi, Benidorm, Dènia, Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja, Vila-Real y Vinaròs.

Las instalaciones de Castellón, Valencia, Alicante y Elche, contarán con un equipo multidisciplinar compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos.

Estos equipos servirán además de apoyo a las oficinas comarcales. Desde las oficinas se elaborarán protocolos para la adecuada coordinación con las redes asistenciales de toda la Comunitat Valenciana.

Para el próximo año 2017, la red tendrá un presupuesto inicial de 1’1 millones de euros si bien esta dotación estará abierta a posibles modificaciones presupuestarias si fuera necesario.

La Conselleria de Justicia gestionará, en coordinación con Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una red que prestará especial atención a las víctimas de la violencia de género. Por eso, sus oficinas podrán ser utilizadas como organismos de coordinación de las órdenes de alejamiento en casos de maltrato por violencia doméstica.

Además, tendrá protocolos específicos para atender las necesidades de colectivos más vulnerables como, además de las mencionadas víctimas de violencia de género, los menores de edad, los discapacitados físicos o psíquicos, las personas en situación de exclusión social, las víctimas de trata de seres humanos, de agresiones sexuales, delitos de odio y los afectados por la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Para todos estos colectivos se diseñarán planes de actuación multidisciplinar que acogerá las fases de acogida y orientación, la información, la intervención y el seguimiento cuando todo el proceso en los tribunales termine.

Asimismo, la red de oficinas podrá orientar a los usuarios sobre las posibilidades de mediación extrajudicial en los supuestos en los que jurídicamente sea posible.

El nuevo modelo amplía la red asistencial

El modelo actual que integraban las oficinas de la antigua FAVIDE (Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito) se centraba sobre todo en la asistencia letrada a quien lo solicitara. Con la nueva red se supera este modelo y se amplía la red asistencial para garantizar el derecho de las víctimas.

Con el nuevo sistema se facilitará a víctimas y testigos no sólo los recursos necesarios para garantizar su seguridad sino también, una asistencia integral y especializada.

Por ese motivo, la Generalitat asumirá la la gestión de la red de oficinas ya que la Justicia es servicio público esencial que requiere la máxima atención y dotación de recursos por la Administración autonómica. Sus trabajadores serán funcionarios de carrera o personal laboral de la Generalitat.

La red de oficinas desarrollará su actividad en coordinación con los órganos judiciales, la Fiscalía, la Abogacía, los institutos de medicina legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con la persona afectada por un delito


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