El Consell blinda 132 líneas de subvención y programas en el Acuerdo de No Disponibilidad para garantizar que el impacto sobre el gasto social efectivo sea nulo

El Consell ha hecho público a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el Acuerdo de No Disponibilidad aprobado el 13 de mayo de 78.373.290 euros y una modificación acordada el 8 de julio, que sustituye a la anterior y que adopta el carácter de definitiva, sin variar el importe global, para garantizar técnicamente que el ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda tendrá un impacto nulo sobre el gasto social efectivo de la Generalitat al descansar exclusivamente en el porcentaje residual de inejecuciones presupuestarias previstas. Todo ello de acuerdo con la información de que disponen los servicios técnicos de las conselleries y contrastado con el análisis de los últimos ejercicios presupuestarios. El acuerdo excluye expresamente de la aplicación de la no disponibilidad 132 líneas de subvención y capítulos de varios programas presupuestarios por su carácter social o al tratarse de compromisos ineludibles o estratégicos.

El Gobierno central conminó el pasado 6 de abril a la Generalitat a adoptar un Acuerdo de No Disponibilidad, bajo la advertencia de que le bloquearía el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Y ello a pesar de reconocer abiertamente, en las reuniones bilaterales mantenidas, la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana que, según la última liquidación de 2014 dejó de ingresar 1.290 millones al no disponer de la misma financiación que la media de las comunidades.

Del planteamiento inicial del ministerio se desprendía la exigencia de hasta 1.300 millones en recortes. Tras varias semanas de negociación, la Generalitat redujo la reclamación a un Acuerdo de No Disponibilidad de únicamente 78,3 millones de euros, unido a retenciones cautelares de crédito por importe de otros 92 millones de euros, que han permitido liberar un FLA ordinario y extraordinario de hasta 2.500 millones hasta final de año. Tanto la no disponibilidad como las retenciones se basan, dado su escaso importe, en el porcentaje residual de los programas y partidas presupuestarias que, por razones técnicas, no llega a ejecutarse al finalizar el ejercicio, como sucede todos los años y es perfectamente verificable a partir de la liquidación de las cuentas. El acuerdo tiene un alcance reducido, toda vez que se declara la no disponibilidad del 5% de los créditos de los capítulos IV, VI y VII (subvenciones corrientes y de capital) y del 7% del capítulo II (gastos de funcionamiento), frente al 35% que llegaron a bloquear los acuerdos de no disponibilidad adoptados por el anterior Consell, buena parte de ellos entre 15-25%.

Desde la Renta Garantizada a las prestaciones farmacéuticas

La medida adoptada ahora por el actual Ejecutivo excluye expresamente de su aplicación a 120 líneas de subvención y 12 programas por su carácter social o por afectar a gastos comprometidos en su totalidad o estratégicos. Así, se blindan líneas como la destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía, Servicios Sociales Especializados para personas con diversidad funcional, Programas para la promoción de la autonomía personal, Servicios Sociales de atención a menores, la financiación de entidades locales para la Dependencia o el Alzheimer, las Prestaciones Económicas Individualizadas en todas sus modalidades, el Fondo de Emergencia contra la Violencia sobre la Mujer, el Bono de respiro en residencias para la tercera edad o Centros de Día o los programas de protección de menores y para la tercera edad.

Asimismo, se exoneran de la aplicación del acuerdo las ayudas para la eliminación del copago farmacéutico, el Plan de Garantía de No Demora, las ayudas para las prótesis y vehículos para personas discapacitadas, el reintegro de gastos por asistencia quirúrgica, las prestaciones farmacéuticas, las ayudas a las asociaciones de enfermos mentales, personas con lesiones cerebrales o drogodependencias, actuaciones contra el virus VIH/Sida y pisos tutelados, prevención cáncer de mama o investigación en biomedicina. Igualmente, se preservan las líneas para garantizar la gratuidad de los libros de texto, el plan de inversiones de las universidades, los convenios para la construcción de centros escolares, las ayudas al alumnado de centros concertados o para los comedores escolares. También se exceptúan las actuaciones de emergencia social y pobreza energética, y colegios de abogados (turno de oficio) y procuradores.

Entre los programas exonerados se encuentran los de Asistencia sanitaria, Menor, Prestaciones externas o Personal sanitario residente, cuyo capítulo II, el que garantiza la prestación efectiva del servicio público fundamental, queda excluido, así como los de Innovación Tecnológica Educativa, Telecomunicaciones y Sociedad Digital, y Sistemas de Información, en los que se excluyen los capítulos II y VI de inversión.

El blindaje del gasto social tiene como consecuencia que el departamento más afectado por el Acuerdo de No Disponibilidad es Presidencia, con el 4,19% de su presupuesto inicial para 2016, mientras que las conselleries donde el impacto es menor son Sanidad Universal y Salud Pública, y Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con el 0,19% y el 0,36%, respectivamente.

A éstas le siguen Hacienda y Modelo Económico (0,67%), a causa del área de nuevas tecnologías, considerada prioritaria para la modernización del conjunto de la Administración; Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (1,02%); Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo (1,17%); Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Llibertades Públicas (1,29%); Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (2,92%); Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (3,44%); y Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (3,92%). La media del conjunto de las conselleries es el 0,60% de sus fondos, tras haber conseguido el Consell minorar el Acuerdo de No Disponibilidad exigido por el ministerio a los citados 78,3 millones.

Ajuste técnico, que podrá reformularse posteriormente

Inicialmente, el Consell aprobó el 13 de mayo un Acuerdo de No Disponibilidad de 78,3 millones que se acompañó de retenciones de crédito cautelares y de carácter móvil -es decir, que pueden ser modificadas sin tener que pasar por el Consell- por otros 92 millones. Tanto las declaraciones de no disponibilidad como las retenciones debían encajarse, a fin de ir adaptándose a la previsión existente en cada momento de inejecuciones presupuestarias. A partir de ahí se abrió, de puertas afuera, un proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda del Plan de Ajuste -que incorporaba el acuerdo- y, de puertas adentro, el análisis con detalle desde las distintas conselleries de las retenciones de crédito practicadas para asegurar el menor impacto posible de la medida. Una vez remitido el Plan de Ajuste al ministerio el 3 de junio, comenzó la negociación del Plan Económico Financiero -que a su vez engloba los dos anteriores-, enviado finalmente a Madrid el 17 de junio.

A partir del análisis de los servicios técnicos de las diferentes conselleries se verificó la conveniencia de efectuar retenciones de crédito -de importe muy reducido sobre el total de los créditos- en algunas de las líneas y programas exonerados en el primer acuerdo de no disponibilidad, al constatarse que, en estos momentos, presentan un margen amplio de inejecuciones por diferentes causas, por lo que su aplicación a estas partidas garantiza el impacto nulo sobre el gasto social efectivo del Consell.

Por este motivo se decidió finalmente modificar el primer acuerdo de no disponibilidad, para ajustar técnicamente la primera medida en aras a que su efecto sea irrelevante. Precisamente por ello, no se descarta que las retenciones se modifiquen de nuevo en un futuro, en función del ritmo de realización de todas las partidas del presupuesto, para hacer descansar la no disponiblidad sobre aquellos créditos que, bien por retrasos achacables a diversas causas, bien por economías generadas por la gestión de los proyectos, no van a ser precisos. La modificación consistió en la supresión de cuatro líneas y cuatro programas de la relación de exceptuadas, al tiempo que se han cambiado los importes de algunas entidades e incluido nuevas.

Porcentajes de retención del 0,21%

Como ejemplo del limitado efecto de los cambios, el capítulo II del programa “Enseñanza Secundaria” registra una retención de 461.761 euros, lo que representa el 0,44% del presupuesto definitivo para este año en ese capítulo (104,63 millones), muy lejano del 7% aplicado con carácter general al capítulo II en el Acuerdo de No Disponibilidad exigido por el ministerio. En 2015, este capítulo contó con un presupuesto definitivo de 110,82 millones, de los que se ejecutaron 101 millones, con lo que le sobraron 9,82 millones. Muy por encima de la cantidad retenida ahora. Todo ello sin olvidar que en el presupuesto de 2016 se recogen importes superiores al gasto efectivo de 2015.

Asimismo, el capítulo II de “Enseñanza primaria” figura con una retención de 1.021.800 euros, el 1,1% de lo presupuestado para este año (89,5 millones). En 2015, el presupuesto definitivo fue de 90,9 millones, de los que se ejecutaron 83,5, con lo que le sobraron 7,4 millones. Como en el caso anterior, el importe fijado para este año supera con creces lo ejecutado el año pasado. Otro programa afectado es “Diversidad funcional”, con 1 millón de euros de gastos de funcionamiento, el 3,2% de lo consignado este año (30,92 millones). En 2015 se ejecutaron 28,57 millones y quedaron como inejecuciones otros 2,3 millones de euros. El cuarto programa es “Gestión de centros y programas de Personas Mayores”, con 393.823 euros, el 0,21% de los 186,19 millones consignados en las cuentas de 2016. En 2015 quedaron como inejecuciones 19,43 millones de euros, 50 veces más recursos de los empleados ahora.

En cuanto a las líneas de subvención, está afectada la de “Transporte escolar ayudas individualizadas”, con una retención de crédito cautelar de 400.000 euros. En el presupuesto de 2015 se consignaron 1,3 millones pero finalmente se ejecutaron únicamente 309.000 euros, ya que esta línea atiende únicamente los casos excepcionales de alumnos para los que no hay ruta de transporte escolar establecida. Para este ejercicio se ha previsto en las cuentas 1 millón de euros, por lo que el margen presupuestario -el doble del gasto efectivo en 2015- cubre ampliamente las necesidades y la retención. La línea genérica de ayudas para el transporte escolar colectivo, que comprende las rutas de transporte escolar marcadas, no se toca. De este modo, tanto el transporte escolar colectivo como el individual están totalmente garantizados.

Otra línea es la referida a las escuelas infantiles de titularidad local o privadas-bono infantil, con una retención de 2.388.834 euros. En el Presupuesto de 2015 se consignaron 27,2 millones, mientras que para este ejercicio se han fijado 30.014.700 euros, 2,8 millones más. El Consell garantiza que la retención no afecta a ningún beneficiario del bono infantil para el curso 2016-2017 y, además, los importes de diciembre se justificarán en 2017. Otra línea afectada es la de las “Ayudas a escuelas de música”, con una retención de 706.080 euros. Las ayudas a estos centros se han incrementado en los presupuestos, de los 5,4 millones previstos en 2015 -de los que se ejecutaron 5,3 millones- a 6,8 millones en 2016. Ahora el aumento se sitúa en 694.000 euros, con lo que pasarán de 5,4 millones a 6,1 millones, una subida del 13%. Finalmente, figuran asimismo 167.700 euros en retenciones de la línea Fomento y apoyo a la I+D+I Sanitaria.

El acuerdo también aborda pequeñas modificaciones en la aportación de las entidades públicas para acomodarlas a las retenciones efectivamente realizadas de acuerdo con la previsión, a fecha de hoy, de inejecuciones, de manera que se minoran las retenciones previstas en el IVAM y el Consorcio de Museos. En concreto, en el primer acuerdo el IVAM veía retenidos 367.390 euros, que han quedado en 166.785 euros, mientras en el Consorcio de Museos se ha pasado de 213.930 euros a 57.930 euros. Paralelamente, se incorporan retenciones de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, y del Instituto Valenciano de Finanzas.

Solo se publicó una vez en 20 años, en 1999

Una vez finalizado el complejo proceso de encaje entre los créditos declarados no disponibles y las retenciones de crédito, el Gobierno valenciano ha ordenado la publicación en el DOCV del Acuerdo y su modificación. Es la primera vez en los últimos 17 años que el Consell hace pública una medida de este tipo, en cumplimiento además de la ley de Hacienda. En los últimos 20 años el anterior Consell adoptó 21 medidas similares (entre acuerdos de no disponibilidad y de contención del gasto) pero únicamente publicó en el DOCV una, el 17 de septiembre de 1999. A partir de entonces las decisiones, aprobadas por el pleno del Consell, no se hicieron públicas.

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