El Consell aprueba el proyecto de Ley de Identidad de Género que regula los derechos de las personas trans

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Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell.

Valencia Noticias | Redacción.- El pleno del Consell ha aprobado el proyecto de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunitat Valenciana, que regula los derechos de las personas trans en ámbitos tan diversos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que esta ley “representa un cambio estructural en la sociedad valenciana porque, con su aplicación, conseguiremos una sociedad mucho más respetuosa y más amable con las personas, que contemple la diversidad como un valor y no como una amenaza”.

La vicepresidenta ha dado cuenta de los aspectos más relevantes del nuevo proyecto de ley del Consell, que se ha elaborado en colaboración con las consellerias con competencias en Educación, Sanidad, Justicia y Trabajo. También se ha logrado el consenso de entidades sociales y partidos políticos. “Se trata de una apuesta conjunta para asegurar que la transexualidad no es una patología, por lo que ya no será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana”, ha explicado Oltra.

Una vez superado el trámite del Consell Jurídic Consultiu, el Consell remitirá el texto del proyecto de ley a Les Corts para su aprobación definitiva.

Reconocer la identidad de género de forma libre y sin presiones legales o sociales

El texto pretende regular el reconocimiento legal del derecho a la identidad de género de toda persona en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales y, al mismo tiempo, como concreción de dicho reconocimiento, garantizar que la ley aplicable a las personas no suponga considerar que tienen una patología o someter a condición de prejuicio su capacidad, dignidad y habilidades.

Para este fin, establece un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento.

En este sentido, el texto recoge, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica.

Además, la ley contempla aspectos tan necesarios para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida; la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica, especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las y los menores.

“Si la economía mejora, las prestaciones también tienen que mejorar”

Por otra parte, el Consell ha acordado incluir en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 una partida de 1.325 millones de euros “con el objetivo de hacer efectivo el principio de eficiencia y equidad, previsto en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, y paliar la infrafinanciación a la que nos está sometiendo el Gobierno de España”, ha indicado la vicepresidenta.

Oltra ha explicado que el Gobierno valenciano ha adoptado esta medida porque “hay una previsión de crecimiento económico del 5’5%, un crecimiento que no se ha visto reflejado en la financiación comunicada por el Ministerio de Hacienda”.

En este sentido, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que “el Consell se niega a congelar, por tercer año consecutivo, los Presupuestos de la Generalitat cuando la economía está creciendo. Si la economía mejora, las prestaciones de los valencianos y valencianas también tienen que mejorar”.

“Como Gobierno no podemos permitir que los datos macroeconómicos se queden solamente sobre el papel, sino que han de reflejarse en una mejora de la vida y de las prestaciones y derechos de la ciudadanía”, ha asegurado Oltra.

Pisos sociales para estudiantes a cambio de actividades educativas y solidarias

En otro orden de cosas, el pleno del Consell también ha autorizado la firma de un convenio entre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la Universitat Jaume I (UJI) y el Ayuntamiento de Castelló para impulsar acciones que ayuden a la integración y cohesión social del barrio de San Lorenzo.

Mediante el programa Pisos Solidaris, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), dependiente de la conselleria, cederá nueve pisos sociales para alojar a estudiantes a cambio de que realicen actividades sociales, educativas y solidarias en San Lorenzo. Además, como novedad, la cesión de las viviendas será gratuita.

La firma de este convenio prorrogará la colaboración entre la Generalitat, la UJI y el Ayuntamiento de Castellón hasta el 31 de diciembre de 2018. Mediante este programa, en el que ya han participado más de 400 universitarios, se pretende ofrecer a los estudiantes la oportunidad de vivir en contacto directo con el barrio, fomentando la transmisión de valores solidarios y de integración social.

Cambios en el Consell Juridic Consultiu

El Consell ha nombrado tres nuevos miembros del Consell Jurídic Consultiu, en sustitución de Vicente Garrido, Federico Fernández y Mª Luisa Mediavilla.

Los nuevos miembros electos por el Consell son Margarita Soler, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia; Asunción Ventura, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castellón, y el juez Faustino de Urquía.

La vicepresidenta ha aclarado que Margarita Soler ya formaba parte del Consell Jurídic Consultiu, pero pasa a ser electa por el Consell en vez de electa por Les Corts.


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