El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago

El Código de Buenas Prácticas (CBP)  ha permitido que un total de 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas. En el conjunto de 2016, se han llevado a cabo 14.730 operaciones a través del CBP, un 2% más que el  año  anterior,  según  la  información  remitida  al  Congreso  por  la Comisión de Control del CBP. De esta cifra, 13.669 operaciones corresponden a reestructuraciones de deuda y 1.060 a daciones en pago.

El CBP, junto con el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. En total, 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 al CBP, el FSV ha permitido la asignación 9.062 viviendas (cierre 2016) y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (febrero 2017).

 

Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98% del  primer  semestre  de  2015  y  el  tramo  de  deuda  en  el  que  se encuentran  la  mayoría  de  los  solicitantes  se  sitúa  entre  100.000  y 150.000 euros.

El  CBP  se  firmó  en marzo  de  2012  con  la  práctica  totalidad  de  las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos. El Real Decreto-ley prevé que puedan solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.

 

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