El acuerdo común de Podemos e IU recoge la celebración de un referéndum en Cataluña

IU y Podemos pactan su acuerdo electoral para las elecciones del 26 de julio.

El acuerdo programático común entre Podemos e Izquierda Unida, presentado tras el preacuerdo electoral alcanzado este lunes para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio, recoge la celebración de un referéndum en Cataluña “con garantías” para que los ciudadanos de esa comunidad “puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España”.

Según recoge el documento, denominado Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos , el objetivo es “responder a los grandes problemas de la sociedad en el corto y en el mediano plazo” con una serie de medidas que representan los “espacios de intersección” entre los programas de ambas formaciones, aunque ambas mantendrán los programas con los que se presentaron a los comicios del 20 de diciembre.

En concreto, el documento propone en el punto 24 realizar “un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas del ejercicio del derecho a decidir en el marco del cambio constitucional” y al amparo del artículo 92 de la Constitución celebrar un referéndum.

Para ello plantean el reconocimiento constitucional de la naturaleza “plurinacional” de España y la garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial en el país “cuando una mayoría lo pida con intensidad”.

Fortalecimiento de mecanismos como el referéndum

Ambas formaciones defienden un conjunto de reformas que se podrán llevar a cabo mediante políticas públicas, nueva legislación o bien desde el fortalecimiento de mecanismos como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) o el referéndum.

Así por ejemplo, contemplan un proceso de revocación del Ejecutivo podría ponerse en marcha a los dos años de mandato mediante la celebración de un referéndum ciudadano que promueva la revocación del Gobierno en caso de incumplimiento del programa electoral.

“A iniciativa de 158 diputados y un 15% de las firmas del censo electoral, se podrá llevar a cabo un referéndum vinculante en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento del programa de gobierno. En el caso de que el resultado de la consulta fuese positiva, el/la presidente/a del gobierno deberá convocar elecciones generales en un plazo máximo de 30 días“, manifiestan en el acuerdo que contempla la regulación de procedimientos similares en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

El acuerdo también contempla la celebración de un referéndum consultivo para iniciar un proceso de cambio constitucional, al amparo del artículo 92.1 de la Constitución de 1978.

En cambio, el texto no hace mención alguna a la consulta sobre Monarquía o República que IU ha convertido en una de sus principales señas de identidad, aunque ello no significa que renuncien a ello, ya que en el propio documento los firmantes del acuerdo aseguran que mantienen sus respectivos programas electorales.

En otro capítulo dedicado a la transparencia y la lucha contra la corrupción, proponen entre otras medidas terminar con las puertas giratorias mediante su “cierre constitucional”, clarificando las “incompatibilidades de los cargos políticos y altos cargos de la Administración” una vez terminadas sus funciones.

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Renta garantizada y tarifa energética según renta

Mientras, en el ámbito social, proponen la creación de una renta garantizada para todos los ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria que ascendería a 600 euros mensuales en los hogares con un solo miembro y que aumentaría progresivamente en función del número de miembros hasta un máximo de 1.290 euros.

También plantean establecer una tarifa eléctrica por tramos en función de la renta para “combatir los cortes de agua y la pobreza energética” que, según recoge el documento, afectan a 1,4 millones de hogares.

En lo que se refiere a vivienda el acuerdo contempla el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, la reestructuración de la deuda hipotecaria y la regulación del concepto de alquiler social que no podrá superar el 30% de la renta familiar.

Derogación de las reformas laborales y de la LOMCE

En materia laboral, Podemos e IU también comparten que hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, aprobadas  respectivamente por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP) y un aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros mensuales en 14 pagas con el objetivo de que llegara a 900 euros en 2019.

Las formaciones lideradas por Pablo Iglesias y Alberto Garzón instan también a derogar la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y recuperar la inversión en Educación hasta alcanzar el 4,6% del PIB los dos primeros años de legislatura.

En cuanto a la Sanidad, defienden instaurar el acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y para las personas con nacionalidad española que viven en otros países y pierden el acceso a la cobertura sanitaria noventa días después de su salida del país.

Además, según el acuerdo, si Podemos e IU llegan al Gobierno tras las elecciones del 26J defenderán la derogación del “voto rogado” por el que los españoles residentes en el extranjero tienen que pedir el derecho a voto antes de poder ejercerlo y reforma de la Ley de Régimen Electoral para facilitarle el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero.

Un gasto anual adicional de 15.000 millones

Por último, uno de sus objetivos en el plano económico es mantener el gasto público en su nivel actual (43,3% del PIB) y conseguir que esa ratio se eleve en 3 puntos al final de la legislatura a través de un plan de lucha contra el fraude fiscal y una reforma tributaria progresiva.

Ante la menor previsión de crecimiento de la economía española, dado el entorno de desaceleración europea, Podemos ha pasado de proponer un gasto anual de 24.000 millones adicional a otro de 15.000, y una subida de ingresos de 30.000 millones frente a los 40.000 anteriores, según ha explicado a Efe el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez.

Entre las propuestas dirigidas a combatir el fraude fiscal que plantean en el acuerdo programático con IU, se encuentran medidas contra los paraísos fiscales y revisar la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Como principales propuestas de reforma tributaria plantean un impuesto del 15% para grandes empresas y desarrollar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras.


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