Cullera pone fin a décadas de enchufismo en el ayuntamiento

ayuntamientowebEl pleno de Cullera cerró ayer una etapa histórica en el municipio en materia de empleo. Todos los grupos políticos (PSPV-PSOE, PP, Compromís, Gent per Cullera y Ciudadanos) aprobaron la propuesta de Reglamento Regulador de la Bolsa de Empleo Social elaborada por el gobierno municipal que preside Jordi Mayor. Fue el primer decreto que firmó el alcalde tras tomar posesión y después de tres meses de intenso trabajo ahora ha visto la luz y recibido el visto bueno de la corporación así como de los sindicatos con representación en la Mesa de negociación.

Este paso supone un cambio radical en el modo en que se han venido realizando las contrataciones en el consistorio y sus empresas concesionarias durante décadas. No en vano, la ciudadanía había reclamado durante años que se regulara el acceso a los puestos de trabajo municipales de forma clara, transparente y en igualdad de condiciones frente a una práctica enquistada de utilizar los recursos públicos para tejer redes clientelares a través de las contrataciones públicas.

«Hoy hemos es un día trascendente porque estamos cambiando la imagen que ha dado este ayuntamiento, con el anterior gobierno, pero también con otros previos de distinto signo político», admitió el primer edil en su defensa del reglamento. «Hemos decretado el fin del enchufismo y abierto un tiempo nuevo para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y en los políticos, quienes debemos gestionar los recursos públicos desde la más absoluta limpieza», subrayó Mayor.

Por su parte, los grupos de la oposición coincidieron en la necesidad de cerrar esa etapa y abrir otra nueva en la que el acceso al trabajo público estuviera reglamentado. Tanto Compromís como Ciudadanos pidieron que se incluyeran algunos matices referentes a la información a los grupos políticos y la transparencia los cuales fueron admitidos por el equipo de gobierno socialista.

Espíritu del reglamento

La concejala de Servicios Sociales, Francesca Ortiz, fue la encargada de exponer este instrumento para la selección de trabajadores —en el que también ha participado intensamente la concejalía de Personal que dirige Mª José Terrades— que se fundamenta sobre tres puntos fundamentales: la no intervención de los políticos en las contrataciones, que quedan exclusivamente en manos de los técnicos municipales y de los responsables de las empresas concesionarias; la priorización de quienes soporten mayores dificultades sociales a la hora de acceder a un empleo público ofrecido en la Bolsa de Trabajo Social y, finalmente, el requisito de estar empadronado en Cullera un mínimo de dos años para poder formar parte de la bolsa y garantizar que el empleo que se genera por parte del ayuntamiento beneficia a los vecinos.

La Bolsa de Empleo Social constará de dos patas: por un lado, servirá como herramienta para la contratación de personas en situación de desempleo a través de un plan de empleo que se dotará en los presupuestos de 2016. Por otro, el gobierno la pondrá a disposición tanto de sus empresas concesionarias (por ejemplo la de recogida de residuos) como del resto de emprendedores del municipio para que puedan echar mano de ella a la hora de realizar sus contrataciones.

«Fin de las agencias de colocación»

«Se trata de poner fin al papel como agencias de colocación del partido en el poder que ejercían algunas empresas que trabajan para el consistorio», detalló Mayor,«lo que durante años ha permitido hacer bueno aquello de ‘favor se paga con favor’».

Para controlar la eficacia de la bolsa social y el cumplimiento del reglamento, una Comisión de Valoración sin presencia política hará un seguimiento de las contrataciones. Los trabajos que se ofrecerán serán siempre de apoyo a las distintas concejalías, especialmente Servicios Exteriores para la realización de trabajos de mantenimiento, sin excluir otras dedicaciones.

El máximo de tiempo en el que un beneficiario podrá ser contratado será de seis meses. Una vez cumplido ese período, será excluido de la bolsa durante medio año. Pasado ese plazo, podrá volver a inscribirse.

Los cálculos del gobierno estiman que a partir del mes de diciembre los interesados inicien el proceso de solicitud de inclusión en la bolsa, para lo que se está diseñando ya un programa informático. Un equipo especial de funcionarios atenderán el servicio, ya que se espera una gran demanda. Antes del inicio del proceso se dará puntual información a la ciudadanía.

En los próximos meses se iniciará la creación de una bolsa de empleo general —no de emergencia social— que tendrá otro tipo de regulación específica a la hora de acceder a otras categorías laborales, por ejemplo cuando el ayuntamiento necesite cubrir alguna plaza de funcionario o interino.


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