CSI·F considera que el plan de refuerzos de juzgados de Conselleria no cubre las necesidades y pide más efectivos

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El sindicato urge a la apertura de los 15 juzgados previstos desde 2010

El sindicato CSI·F considera que el plan de refuerzos aprobado por Conselleria de Justicia para este primer semestre de 2016 en los partidos judiciales “no ha tenido en cuenta la saturación que sufren muchos juzgados”. La central sindical señala que “el criterio básicamente ha consistido en reforzar los juzgados con un segundo juez y algunos registros civiles”. El sindicato urge a abrir los 15 juzgados previstos como solución definitiva.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) valora el incremento de “un 30 por ciento en la dotación de refuerzos”. No obstante subraya que esos 67 profesionales de refuerzo en la Comunidad Valenciana resultan insuficientes. “En aquellos juzgados con un segundo juez han incluido un nuevo funcionario, cuando haría falta la plantilla completa de un juzgado. No tiene sentido que un juzgado comarcal tenga un juez y siete funcionarios, que se incorpore un segundo magistrado y que únicamente refuercen con un funcionario. Serían necesarios otros seis”, señala la central sindical.

El sindicato lamenta que el plan de Conselleria no haya tenido en cuenta “muchos juzgados a los que no se ha incorporado un juez de refuerzo”. También enfatiza el incremento de carga de trabajo en juzgados de mercantil o social causado por la situación económica, y que la Administración no ha paliado con el correspondiente refuerzo de plantilla. Por el contrario, se produjo una amortización de plazas de gestor en juzgados. El sindicato pide la recuperación de esos puestos laborales por el incremento de carga de trabajo que han sufrido desde entonces los juzgados por los recursos de preferentes.

CSI·F, en cualquier caso, considera que estos planes de refuerzo aprobados por Conselleria de Justicia constituyen soluciones provisionales. En este sentido reclama la urgente apertura de los 15 juzgados previstos desde 2010 como una solución a largo plazo para rebajar la saturación de los juzgados y mejorar la calidad de la atención al ciudadano.

 


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