Compromís pide en el Senado modificar la normativa para acabar con el caótico sistema de financiación del Hospital Provincial

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El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado una moción en el Senado en la que se pide que se permita que, a partir de ahora, sean las administraciones autonómicas quienes gestionen los Fondos de Compensación Interterritorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cuando a las aportaciones que se hacen a los consorcios hospitalarios, para evitar el caos actual que se genera en el Hospital Provincial de Castelló.

Mulet ha presentado esta iniciativa junto a un pliego de preguntas y otras mociones donde se pide acabar con el actual modelo anómalo del provincial de Castelló, el cual no está en la red pública sanitaria como el resto de hospitales y acumula desde hace años serios problemas de financiación, al tener que sufragar con su presupuestos los medicamentos entre otros problemas. Desde Compromís se ha reclamado la transición hacia un modelo idéntico con el resto de hospitales públicos y, al ser limitadas las competencias en esta materia por la administración central, se ha pedido el cambio normativo para evitar el actual sistema en el cual la Diputación es quien gestiona los fondos ministeriales. “Hemos visto como las diputaciones y, en especial la de Castelló, es un pozo sin fondo de corrupción, clientelismo, mala praxis y caos organizativo. Que sea una entidad sin competencias en sanidad quien gestione fondos económicos para la sanidad, genera disfunciones como las que nos tiene acostumbrados, por eso queremos avanzar hacia la optimización del recursos públicos y esta propuesta va en ese sentido“, ha dicho.

 

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio) y en el Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios, tiene atribuidas las competencias y funciones para la cobertura de la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana, debiendo por tanto ocuparse del mantenimiento en el territorio de la Comunidad del conjunto de dispositivos, centros hospitalarios y servicios, suficientes para el ejercicio de sus competencias.

 

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón anteriormente Hospital Provincial, era propiedad de la Excma. Diputación de Castellón como centro sanitario en cumplimiento de las directrices de integración funcional de las distintas redes asistenciales, según lo prescrito en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

 

La Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, posibilitó la incorporación de otros sistemas de gestión. La citada Ley 15/1997 recoge la prestación y gestión de servicios sanitarios, entre otros sistemas, mediante la suscripción de Convenios y la creación de cualesquiera Entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho.

 

Esto posibilitó la creación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, dotado de personalidad jurídica propia y naturaleza publica mediante convenio entre la Diputación Provincial de Castellón y la Conselleria de Sanidad.

 

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluyendo una nueva disposición adicional, la vigésima, que establece el régimen jurídico de los Consorcios en los siguientes términos:

 

Vigésima Régimen jurídico de los consorcios

 

  1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.
  2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración pública que:

 

  1. Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
  2. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
  3. Tenga facultades para nombrar o o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
  4. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
  5. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.
  6. Finance en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación de fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
  7. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
  8. Tenga mayor número de habitante o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

 

  1. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

 

  1. Los consorcio estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de ellas cuentas anuales que será responsibilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.

 

  1. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

 

Posteriormente la Ley 15/2014, de 26 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa introduce un régimen jurídico, con carácter básico, sencillo y nuevo de los consorcios administrativos y en su disposición final decima, modifica la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, incluyendo una nueva disposición adicional única con la siguiente redacción.

 

  1. Los consorcios sanitarios cuyo objeto principal sea la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud están adscritos a la Administración sanitaria responsable de la gestión estos servicios en su ámbito territorial de actuación y su régimen jurídico es el establecido en esta disposición y, subsidiariamente, en aquello no regulado en esta Ley, la normativa que regula con carácter general el resto de consorcios administrativos.
  2. Los consorcios sanitarios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración sanitaria a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración sanitaria a la que este adscrito el consorcio.
  3. El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o laboral en caso de ser contratado directamente por el consorcio. El personal laboral contratado directamente por los consorcios sanitarios adscritos a una misma Administración se someterá al mismo régimen. El régimen jurídico del personal del consorcio será el que corresponda de acuerda a su naturaleza y procedente.”

 

De la normativa expuesta se concluye que a raíz de la Ley 27/2012 los Consorcios por imperativo legal, deben:

 

  • Quedar adscritos a una Administración de las que constituyen el Consorcio.
  • Cuando se traten de Consorcios sanitarios, dicha adscripción se efectuará a la Administración sanitaria responsable de la gestión de los servicios sanitarios de su ámbito territorial de actuación.
  • Su régimen jurídico, orgánico, funcional y financiero, régimen de presupuestación contabilidad y control será el que corresponde a la Administración a la que queda adscrito.
  • El consorcio puede tener adscrita una plantilla de personal con diferente naturaleza jurídica de las plazas: laboral, funcionarios y estatutarios.
  • El acceso de personal a la plantilla del consorcio se efectuará bajo el régimen de contratación laboral.

 

Por otro lado, la financiación del Consorcio cuanta con el presupuesto aportado por la Conselleria de Sanitat, y por parte de la Diputación Provincial mediante los fondos del MINHAP.

 

Los Fondos de Compensación Interterritorial tiene como origen el artículo 2 de la Constitución que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Asimismo, el artículo 158.2 establece que “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso“.

 

Para hacer efectivo ese principio de solidaridad, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recogió en su artículo 16 los principios generales del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), así como las reglas básicas que rigen dicho Fondo, estableciendo que será una Ley ordinaria que contenga su normativa específica.

 

La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, que actualmente lo regula, fue promulgada para recoger dos recompendaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 sobre el Fondo de Compensación Interterritorial:

 

  • Incorporar las Ciudades Autonómicas de Ceuta y Melilla como territorios que se beneficien de dicho Fondo.
  • Permitir que un máximo del 25 por ciento del fondo se pudiese destinar a la financiación de gastos de funcionamiento asociado a inversiones financiadas por el propio fondo. Esto dio lugar a su desglose en dos fondos, uno de Compensación y otro Complemento.

 

La Ley 29/1990 habilita utilizar las dotaciones de los Fondos para financiar proyectos conjuntos de distintas Administraciones públicas, y a las Entidades Locales para que ejecuten proyectos de inversión que se desarrollen en su ámbito territorial, con el acuerdo de la Comunidad Autónoma beneficiaria.

 

La Ley 22/2001 de 27 de diciembre “reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial” también establece en su artículo 9.2 que “las Entidades Locales podrán solicitar de la Comunidad Autónoma correspondiente la ejecución en todo o en parte de aquellos proyectos de inversión que se desarrollen en su ámbito territorial. Si el proyecto de inversión afectase a competencias de las Entidades Locales, la gestión y ejecución del mismo se determinará de mutuo acuerdo.”

 

Por otro lado, el mecanismo de control parlamentario de dichos Fondos es atribuido al Senado y a las Asambleas legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas y Ciudades del Estado de Autonomía, a los que el Tribunal de Cuentas del Estado y, en su caso, los de las Comunidades Autónomas presentarán informe separado y suficiente de todos los proyectos.

 

Por lo expuesto, se propone la siguiente

 

MOCIÓN

El Senado insta al Gobierno para que se acuerde, mediante las medidas correspondientes, a que en caso de la adscripción de los Consorcios a la Administración sanitaria responsable de la gestión de los servicios sanitarios en su ámbito territorial de actuación, la financiación por parte de la Diputación procedente de los fondos de compensación del MINHAP serán solicitados por la administración sanitaria responsable, es decir, por la Conselleria de Sanitat.

 


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