Compromís pide al Gobierno que derogue la Orden de Industria que cargará a los usuarios los costes del Castor

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Mulet: “También hemos pedido saber en qué norma se apoyan para tomar estas decisiones y si se han producido arbitrariedades en el proceso por parte de la empresa promotora”

El senador de Compromís, Carles Mulet y la senadora Dolors Pérez, han formalizado varias preguntas e iniciativas en el Senado para reclamar que “no sean los consumidores de gas, las empresas y las economías domésticas principalmente, los que acaben pagando la mala gestión y planificación que se ha llevado del proyecto energético Castor de Vinaròs. Responsabilidad que correspondería asumir tanto a la empresa promotora de la iniciativa, como la clase política que apoyó el proyecto y lo facilitó hasta el punto de poner el aparato legislativo y ejecutivo al servicio de lo que Compromís considera ha sido un peligroso pelotazo en toda regla“, explicó el castellonense Carles Mulet.

La aplicación de la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada a finales de 2015 en el BOE a lo largo de 30 años es un “insulto” para la coalición, “ya que serán repercutidos sobre la tarifa del gas sin contraprestación, es decir por un servicio de almacenamiento que no se presta, al estar invernadas las infraestructuras y no funcionar correctamente y causar temblores cuando se inyecta gas para su almacenamiento“, añadió.

El senador explicó que, por ello Compromís pidió derogar esta Orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas “y que no sean los consumidores los perjudicados“.

Mulet ha criticado “el ejercicio de hipocresía que hacen desde el PP al querer responsabilizar al 100% a los socialistas del proyecto Castor, cuando ellos fueron copartícipes, pusieron Diputación y Generalitat al servicio de unas plantas que causaron terremotos en el norte valenciano y nos convirtió, de nuevo, en la risa de Europa”. Para Compromís“a diferencia de las tasas o impuestos que se aprueban mensualmente sobre el recibo del gas, la ciudadanía no sabe ni tiene idea de qué costes se le van a repercutir mensualmente sobre su recibo de gas, lo que nos parece completamente abusivo desde todos los puntos de vista“.

En otras preguntas escritas Compromís también quiere saber si se han abonado a Escal UGS y ACS las partidas de inversión que la Comisión Nacional de Energía (CNE) denunciaba en su informe de 7 de marzo de 2012, donde denunciaba que se habían adjudicado directamente partidas de obras y contrataciones externas de operación y mantenimiento en el almacén subterráneo Castor, “sin seguir los procedimientos concurrenciales necesarios de publicidad, lo que pudo suponer sobrecostes al sistema“. En caso afirmativo, pide saber cómo se subsanaron o clarificar el pago de estos fondos y saber a qué se debieron los enormes sobrecostes de Castor.

Por otro lado Compromís ha pedido saber a lo largo de cuantos años más se piensan abonar los 17 millones de euros anuales que cuesta mantener las plantas en estado de hibernación, saber a quién se le repercuten los costes y si el Gobierno tiene previsto desmantelar las infraestructuras o si mantiene el interés estratégico del almacén Castor dentro del sistema gasista español.


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