Catalá se felicita por el trabajo realizado por las comunidades autónomas para avanzar en la consecución de una Justicia digital

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido esta tarde la reunión del Pleno de la Comisión Técnica Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), a la que han asistido representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las comunidades autónomas con competencias en materias de Justicia. En este encuentro se han abordado los avances realizados por las distintas administraciones para hacer realidad la comunicación telemática a partir del próximo 1 de enero.

El titular de Justicia ha insistido durante la reunión en la obligación de cumplir esta ley que obliga no solo a los profesionales, sino a las distintas administraciones con competencias transferidas a poner todos los medios a su disposición para cumplir con ese objetivo en los tribunales y juzgados españoles, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas en ese sentido.

Esta obligación legislativa, marcada por la Ley de Enjuiciamiento Civil, supone un paso más hacia el cumplimiento de un compromiso consensuado por todas las fuerzas políticas hace ya cinco años y que se recogió en el BOE del 6 de octubre. En ese sentido, su incumplimiento podría derivar en las responsabilidades legales propias de eludir el mandato legal.

Las distintas comunidades autónomas fueron las primeras en recibir la información pertinente, durante la reunión del CTEAJE de Las Palmas, el pasado mes de febrero, con el fin de proporcionarles tiempo suficiente para su preparación. Además, el Ministerio de Justicia ha mantenido durante el presente ejercicio un diálogo permanente con todas ellas que se ha concretado en diferentes reuniones bilaterales con los consejeros correspondientes durante los meses de junio y julio, además de una reunión técnica mensual a lo largo del año. Las comunidades autónomas con competencias en Justicia han recibido por parte del Ministerio 6 millones de euros como ayuda para asumir el proyecto y cuentan con la plena disposición de la herramienta Lexnet desde hace años para todas las jurisdicciones excepto la penal, que se ha incluido en el mes de octubre.

El objetivo de conseguir una Justicia que forme parte de unos servicios públicos avanzados, en la que los distintos usuarios puedan relacionarse de una forma sencilla a través de las últimas tecnologías es una demanda de todos los ciudadanos y profesionales del siglo XXI. Supone además, un importante ahorro de desplazamientos y disponibilidad continua para la sociedad, lo que permite reducir los costes de papel y mayor agilidad en los procedimientos. Por tanto, los ciudadanos no entenderían que sus administraciones fueran incapaces de habilitar un sistema de comunicaciones propio de una sociedad avanzada que permita que los profesionales de la Justicia puedan trabajar mejor y consolidar un servicio adaptado a este tiempo.

Por parte del Ministerio de Justicia, todas las previsiones encaminadas al cumplimiento de este ambicioso objetivo ya han sido puestas en marcha. Así, el presupuesto destinado a nuevas tecnologías ha pasado de los 35 millones de euros el año pasado a los 69 millones de 2016 y se han realizado mejoras en la herramienta Lexnet, a la vez que se ha ampliado a 10 Mb la capacidad propia para escritos. Igualmente, se ha llevado a cabo una adaptación de infraestructuras de comunicaciones y se ha incrementado el material informático con 7.200 pantallas y 250 escáneres y se han realizado cursos específicos de formación para fiscales, secretarios de Gobierno, coordinadores y letrados de la Administración de Justicia, así como para funcionarios del sector.

Por otra parte, en la reunión del CTEAJE celebrada hoy se han adoptado medidas como la constitución del Subcomité de Impacto Normativo, encargado de velar por los requerimientos tecnológicos que garanticen la correcta implantación del proyecto o el establecimiento de un protocolo que deje asentado un funcionamiento óptimo en la transferencia de aplicaciones y servicios entre las distintas administraciones.


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