Catalá reitera que el Ministerio de Justicia seguirá brindando el máximo apoyo a las comunidades autónomas para conseguir el objetivo del papel cero el 1 de enero

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy una nueva reunión de la Comisión para la Justicia Digital, convocada para dar un impulso definitivo al cumplimiento de la obligación establecida para el próximo día 1 de enero de generalizar las comunicaciones electrónicas entre los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, como se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A menos de un mes para esa fecha, el Ministerio de Justicia ya ha cumplido todas sus previsiones, de modo que el límite establecido por la legislación pueda ser cumplido con garantía en el territorio de su competencia. El Ministerio continuará apoyando a las comunidades autónomas con todos los medios a su alcance para lograr dicho objetivo. Así, se han adoptado medidas presupuestarias que contemplan el incremento de las inversiones del departamento para nuevas tecnologías, pasando de los 35 millones de euros el año pasado a los 69 millones previstos para 2016.

Igualmente, en lo referente a las cuestiones tecnológicas se han tomado una serie de medidas como el desarrollo de la herramienta Lexnet para poder incluir el orden penal y peticiones expresas para la Fiscalía, con una ampliación de la capacidad para escritos a 10 Mb. Las comunidades autónomas ya cuentan con esta nueva versión desde el pasado 2 de octubre y a lo largo de este mes de diciembre se pondrá en marcha una nueva mejora.

Asimismo, se ha llevado a cabo una adaptación de las infraestructuras de comunicaciones y almacenamiento y se han suministrado un total de 7.200 pantallas y 250 escáneres en el territorio cuya competencia es del Ministerio. Todos los funcionarios de este ámbito trabajarán desde el día 1 de enero con doble pantalla.

Para dotar al personal de competencias necesarias, se ha realizado un plan específico de formación presencial para fiscales, así como 94 sesiones formativas con secretarios de gobierno, coordinadores y letrados de la Administración de Justicia y 102 sesiones para los funcionarios de Justicia, de manera que se ha impartido formación a 9.500 personas.

En relación con el territorio cuya competencia recae en los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Justicia ya ha puesto a su disposición todos los medios necesarios para hacer realidad esa previsión legal que entra en vigor el próximo día 1 de enero. Así, las propias comunidades autónomas han sido las primeras en recibir la información pertinente en la reunión del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) celebrada el 25 de febrero en Las Palmas.

Entre estos medios, se han transferido 6 millones de euros a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y se ha puesto a su disposición la herramienta Lexnet sin coste alguno y con tiempo suficiente. Además, han recibido formación a cargo del propio Ministerio que se ha encargado de ofrecer apoyo técnico y guías de implantación a todas las comunidades autónomas.

De esta forma, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga tanto a las Administraciones como a los profesionales y supone un paso hacia la obligación marcada hace cinco años con el consenso de todas las fuerzas políticas, será una realidad a partir del próximo día 1 de enero.


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