Catalá niega rotundamente haber interferido en investigación judicial alguna

Rafael Catalá en una imagen de archivo.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reafirmado hoy durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que jamás ha interferido en una investigación judicial ni lo hará en el futuro y ha acusado de mentir de forma intencionada y de mala fe a todos aquellos que han afirmado lo contrario. No obstante, Catalá ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para cambiar todo este “ruido político por diálogo” con el fin de mejorar la Justicia en España.

El ministro, que ha exigido a los partidos políticos contribuir a la defensa de las instituciones en vez de tratar de debilitarlas y desprestigiarlas, ha defendido firmemente la autonomía del Ministerio Fiscal y su papel como garante del interés general y de los derechos de los ciudadanos, actuando de un modo totalmente autónomo, sin responder a ningún tipo de instrucciones, órdenes, recomendaciones, consignas o exigencias por parte del Gobierno.

Rafael Catalá ha apoyado esta realidad basándose en las propias declaraciones del fiscal general del Estado, de fiscales superiores de comunidades autónomas como los de La Rioja o Murcia, las asociaciones de fiscales y el Consejo Fiscal en pleno.

En ese mismo sentido, en relación a la Operación Lezo, sobre la que el ministro ha afirmado no poseer más información que cualquier otro ciudadano ya que es un asunto que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha manifestado plenamente convencido de que la Fiscalía trabaja como marca la ley, con plena sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y autonomía.

Catalá se ha reafirmado en que la Fiscalía Anticorrupción, con su fiscal jefe al frente, ha actuado siempre respetando lo que indica su Estatuto Orgánico, de forma que no se ha intentado paralizar investigación alguna al respecto. Más bien al contrario, se ha demostrado que todas las medidas que fueron solicitadas por los fiscales del caso, desde los registros hasta las detenciones, se llevaron a cabo con el visto bueno del fiscal jefe.

Asimismo, el titular de Justicia ha recalcado en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que jamás se ha cesado o apartado de la investigación al fiscal encargado del caso. El propio fiscal jefe solicitó la renovación de su plaza en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción, lo que fue aprobado por la Fiscalía General del Estado.

Fruto de la lucha contra la corrupción que tanto indigna y repugna a este Gobierno, ha explicado el ministro, es la batería de medidas más potentes que se ha articulado en España para luchar contra esa lacra. Las reformas del Ejecutivo han hecho que nuestro país esté más protegido frente a los corruptos porque nuestra Fiscalía, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los organismos encargados de perseguir el fraude y el delito disponen de leyes y recursos que lo facilitan.

En esa línea, Catalá ha recordado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para reforzar las funciones de la Fiscalía General de Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, tanto con la aprobación de nuevas leyes como con el incremento de recursos humanos y medios materiales y técnicos.

En el orden legal, Catalá se ha referido a la reforma del Código Penal que mejora la estructura de las fiscalías especializadas, a la Ley del Estatuto de la víctima del delito que refuerza las funciones de la Fiscalía en la protección procesal de las víctimas gracias a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y a la Ley de Jurisdicción Voluntaria que libera al fiscal de funciones administrativas y trámites jurisdiccionales no estrictamente necesarios.

En el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las reformas habilitaron la posibilidad de prorrogar el servicio activo de los fiscales hasta los 72 años equiparándolos con los jueces, mientras que la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha incrementado su capacidad de vigilancia y de protección al menor y les ha legitimado para promover la revocación de resoluciones administrativas de acogimiento.

En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Catalá ha destacado el reforzamiento del derecho de defensa de las personas investigadas mediante el control de las comunicaciones a través del Ministerio Fiscal. En relación con la agilización de la Justicia, se han modificado las reglas de conexidad para evitar la acumulación excesiva de asuntos en un mismo caso y respetar el principio de “cada delito una causa”, se faculta al fiscal para dictar decretos de conformidad en determinadas causas y se establece la exclusividad del Ministerio Fiscal para recuperar bienes de actividades delictivas.

En cuanto a los medios puestos a disposición por el Gobierno para el desempeño de las funciones de la Fiscalía, en el periodo 2013-2016 se convocaron 135 nuevas plazas y está prevista la creación de 100 nuevas más para fiscales y jueces este ejercicio. El número de fiscales anticorrupción se ha incrementado en un 40%, pasando de 20 a 28 y se han aprobado todas las comisiones de servicio en la Fiscalía Anticorrupción que se han solicitado. Así, desde 2014 se han aprobado un total de 317 refuerzos que han supuesto un esfuerzo presupuestario de 8,2 millones de euros.

La especialización, ha explicado el ministro, es una herramienta muy eficaz en el trabajo de la Fiscalía, por eso el Gobierno quiere impulsarla en campos como la ciberdelincuencia cultural. Asimismo, se ha mostrado partidario de crear la figura de un fiscal de sala especialista para velar por los derechos de las personas con diversidad funcional.

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