AUGC denuncia ante la Inspección de Trabajo las deplorables condiciones laborales de los guardias civiles que protegen a José Bono  

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AUGC denunciaba públicamente el pasado mes de junio cómo el expresidente del Congreso de los Diputados José Bono seguía beneficiándose, cinco años después de dejar la política, de escolta y protección de su vivienda particular a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, a costa del bolsillo de todos los españoles y del detrimento de la seguridad pública.

Aprovechábamos también para denunciar las pésimas condiciones de trabajo que debían soportar los guardias civiles que vigilan su vivienda, al carecer la garita donde prestan servicio de aparato acondicionado ni frigorífico donde, al menos, poder tener agua fresca.

 

Además, lo difícil de entender de este asunto es que el aparato de aire acondicionado existía y fue desinstalado a principios del mes de junio. Desconocemos la causa de la retirada del mencionado aparato, y nos cuesta trabajo creer que el señor Bono, tenga problemas para pagar el recibo de la luz (salvo que también se esté pagando con dinero de todos los españoles).

 

Como ya esperábamos, de nada sirvió la denuncia pública que hicimos de estos hechos y no solo se mantiene ese servicio de escolta gratuita, sino que se realiza sin cumplir la legalidad y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores que sufren temperaturas de hasta 35 grados dentro de la garita.

 

Todo esto motivó la queja que AUGC presentó el 13 de junio ante los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil. Hace unos días se ha recibido contestación de este órgano reconociendo que, tras tres mediciones de temperatura, se ha comprobado que la misma supera los 27 grados  que como máximo permite la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

 

Ante esta situación, donde a pesar  de  reconocer las nocivas consecuencias que para la salud de los guardias civiles puede tener trabajar en estas condiciones, el problema sigue sin resolverse, AUGC ha presentado denuncia ante la Dirección General de la Inspección de  Trabajo y Seguridad Social.

 

En este mismo escrito se indica que se ha informado al señor Bono de la situación en fecha de 5 de julio al objeto de “si lo estimara oportuno” instalar un aparato de aire acondicionado en la garita. Pero el expresidente del Congreso no ha debido de estimarlo oportuno, y un mes después la situación sigue siendo la misma.

 

No llegamos a comprender cómo es posible que quién no ha tenido problemas para gastar millones de euros de los españoles en un aeropuerto sin aviones, y que quien dispone de protección pagada por todos los españoles, no esté dispuesto a gastar en cumplir la legalidad instalando un aparato de aire acondicionado.

 

Si las cosas siguen por el mismo camino, veremos cómo pasan las olas de calor, cómo pasa el verano, cómo llega el otoño y a los guardias civiles seguirán sufriendo los rigores del verano prestando servicio en un auténtico horno. Esperemos que no haya que lamentar ningún daño a la salud de los guardias civiles que deben realizar su trabajo soportando estas tremendas temperaturas.

No entendemos como el Ministerio del Interior no ha ordenado la retirada de ese servicio mientras no se cumpla la legalidad y se respete la salud de los trabajadores, pues como bien indica la contestación de la Guardia Civil a nuestra queja, el aparato  de aire acondicionado debe instalarlo el señor Bono, pero el servicio se presta y no se puede suspender, dado que es impuesto desde la Secretaría de Estado.

 

Por ello, animamos al Ministro, sin esperar una resolución de inspección de trabajo, a que inste al señor Bono al cumplimiento de la legalidad o retire el servicio que se presta.

 

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).


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