AUGC aconseja al delegado del Gobierno de CLM que se indigne con los que permiten que un guardia civil se quite la vida cada 26 días

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Para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, resulta “muy indignante” el comunicado que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió tras el suicidio del capitán psicólogo de la Comandancia de este Cuerpo en Toledo, el pasado viernes, en el que esta organización expresó sus condolencias y todo su apoyo a la familia del fallecido y volvió a solicitar la creación de un protocolo de supervisión y asistencia psicológica externo a la Guardia Civil.

Para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, en cambio, no debe de resultar “muy indignante” que en la institución más valorada por los españoles se suicide cada 26 días un trabajador.

Tampoco debe de resultarle “muy indignante” a José Julián Gregorio que esta gran tragedia que afecta a la Guardia Civil siga constituyendo un drama oculto en el Cuerpo, dada la reiteración de sus responsables a la hora de negar esta negra evidencia.

Por el contrario, entendemos que al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha sí le deben de parecer muy indignantes la transparencia y la libertad de información, así como la reclamación por parte de AUGC de derechos sociolaborales para los guardias civiles, como es el de recibir una asistencia psicológica ajena al Cuerpo, y por tanto libre del férreo corsé que supone la jerarquía militar en la Guardia Civil.

Tampoco debe de parecerle a este político muy indignante que los guardias civiles sean los únicos integrantes de un cuerpo policial en España que no son sometidos a controles periódicos psicofísicos, ni que un guardia civil pueda ir a la cárcel por una simple discusión con un superior, con el consiguiente drama que ello supone para él y su familia.

Para AUGC la lucha contra la elevadísima tasa de suicidios en la Guardia Civil constituye una de sus máximas prioridades, y así se lo ha hecho saber por escrito en numerosas ocasiones tanto a la Dirección General como a los ministerios del Interior y Sanidad. Sin embargo, para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha es más prioritario ocultar estas cosas a los ciudadanos. La censura, para José Julián Gregorio, parece ser un camino mucho más digno y democrático que la denuncia de una situación que ha costado la vida a más de 450 guardias civiles desde 1982.

Desde AUGC queremos recomendar al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha que dirija su indignación hacia el verdadero origen del problema, y no hacia los que denunciamos esta tragedia. Y que enfoque su sensibilidad hacia los trabajadores del Cuerpo, ciudadanos a los que debe servir en su calidad de representante político, en lugar de ejercer de una forma tan lamentable de voz del lobby militarista que sigue imponiendo su dictadura en la Guardia Civil, así como de los políticos que lo secundan.

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

AUGC aconseja al delegado del Gobierno de CLM que se indigne con los que permiten que un guardia civil se quite la vida cada 26 días

 Para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, resulta “muy indignante” el comunicado que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió tras el suicidio del capitán psicólogo de la Comandancia de este Cuerpo en Toledo, el pasado viernes, en el que esta organización expresó sus condolencias y todo su apoyo a la familia del fallecido y volvió a solicitar la creación de un protocolo de supervisión y asistencia psicológica externo a la Guardia Civil.

Para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, en cambio, no debe de resultar “muy indignante” que en la institución más valorada por los españoles se suicide cada 26 días un trabajador.

Tampoco debe de resultarle “muy indignante” a José Julián Gregorio que esta gran tragedia que afecta a la Guardia Civil siga constituyendo un drama oculto en el Cuerpo, dada la reiteración de sus responsables a la hora de negar esta negra evidencia.

Por el contrario, entendemos que al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha sí le deben de parecer muy indignantes la transparencia y la libertad de información, así como la reclamación por parte de AUGC de derechos sociolaborales para los guardias civiles, como es el de recibir una asistencia psicológica ajena al Cuerpo, y por tanto libre del férreo corsé que supone la jerarquía militar en la Guardia Civil.

Tampoco debe de parecerle a este político muy indignante que los guardias civiles sean los únicos integrantes de un cuerpo policial en España que no son sometidos a controles periódicos psicofísicos, ni que un guardia civil pueda ir a la cárcel por una simple discusión con un superior, con el consiguiente drama que ello supone para él y su familia.

Para AUGC la lucha contra la elevadísima tasa de suicidios en la Guardia Civil constituye una de sus máximas prioridades, y así se lo ha hecho saber por escrito en numerosas ocasiones tanto a la Dirección General como a los ministerios del Interior y Sanidad. Sin embargo, para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha es más prioritario ocultar estas cosas a los ciudadanos. La censura, para José Julián Gregorio, parece ser un camino mucho más digno y democrático que la denuncia de una situación que ha costado la vida a más de 450 guardias civiles desde 1982.

Desde AUGC queremos recomendar al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha que dirija su indignación hacia el verdadero origen del problema, y no hacia los que denunciamos esta tragedia. Y que enfoque su sensibilidad hacia los trabajadores del Cuerpo, ciudadanos a los que debe servir en su calidad de representante político, en lugar de ejercer de una forma tan lamentable de voz del lobby militarista que sigue imponiendo su dictadura en la Guardia Civil, así como de los políticos que lo secundan.

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

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