Archivada definitivamente la denuncia contra el anterior equipo de gobierno del PP de Segorbe

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La sala de Segorbe determina el sobreseimiento libre tras la denuncia presentada por el candidato de Segorbe Participa, vinculada a Podemos, por las ordenanzas de los festejos taurinos

La denuncia se presentó por la aprobación de las ordenanzas reguladoras de los festejos taurinos y por la cual fueron llamados a declarar el exalcalde, Rafael Calvo, y los siete concejales del equipo de gobierno.

El juzgado de Segorbe ha archivado de manera definitiva la denuncia presentada contra el anterior equipo de gobierno del PP de Segorbe y motivada por Francisco Pérez Ardit, candidato de Segorbe Participa, partido cercano a Podemos, tal y como consta en el auto del 29 de octubre del juzgado. La denuncia se presentó por la aprobación de las ordenanzas reguladoras de los festejos taurinos y por la cual fueron llamados a declarar el exalcalde, Rafael Calvo, y los siete concejales del equipo de gobierno.

Tanto la Fiscalía como el juzgado han dictaminado el libre sobreseimiento de la causa contra los populares al carecer por completo de fundamento penal. Ya en el auto del pasado 12 de junio, el juzgado de Instrucción de Segorbe determinó el “sobreseimiento libre”. Pese a ello, Pérez Ardit presentó un recurso de reforma, si bien volvió a ser desestimado el 23 de septiembre. Ahora, el juez ha declarado el archivo definitivo de la causa.

Junto a los autos del juzgado de Segorbe, dictaminados por dos jueces diferentes, el Ministerio Fiscal, en su informe del 22 de julio de 2015, ya advertía de que “no concurren en las mismas los requisitos para que el delito de prevaricación establece en la sentencia del STS de 1 de julio de 2009, al no constituir éstas una expresión de una resolución profundamente injusta y querida de manera voluntaria por los querellados”.

Detrás de la denuncia, se encuentra el interés del querellante, que históricamente ha aspirado a tener un espacio en los tradicionales ‘entablaos’ de Segorbe. Sin embargo, en la ordenanza de 2004 que regulaba el montaje de estas estructuras, ya se establecía un plazo de cinco de vigencia para el montaje y las autorizaciones se lograban mediante un proceso de licitación pública, al contrario de lo que afirma Pérez Ardit.


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