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Anticorrupción pide 5 años de cárcel para Rato por un delito de estafa y le exime del delito de falsedad contabl

descarga (1)AGENCIAS La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel y multa de 60.000 euros para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, como autor de un delito de estafa a los inversores por haber ocultado la información real de la situación económica de la entidad durante su proceso de salida a Bolsa en julio de 2011, aunque le exime del delito de falsedad contable que sí le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.

Para Anticorrupción, durante la salida a Bolsa, en julio de 2011, “se ocultó” a los inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas. Esta ocultación se habría realizado de forma “consciente” por parte de Rato y el resto de acusados con el objetivo de obtener “a toda costa” los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que se tradujo en el perjuicio patrimonial ocasionado a los accionistas, recoge Efe.

En su escrito, el Fiscal atribuye ese mismo delito de estafa al inversor -artículo 282 bis del Código Penal- al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses). El fiscal pide para cada uno de los tres una multa de 60.000 euros y, como a Rato, la inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.

Además, establece que los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de aquellos que ya hayan sido indemnizados por Bankia, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de Bankia, S.A., según recoge Servimedia.

El escrito también detalla el grado de participación de cada uno de los acusados, y destaca a Rato por “encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas” de la entidad, amparándose en el prestigio que le conferían sus antiguos cargos como ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional, señala Efe.

Anticorrupción, por su parte, exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, y BFA-Bankia, cuyo comportamiento acredita “el compromiso de sus dirigentes con una cultura empresarial ética”, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder.

Además, pide que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que declaró en calidad de investigado en la fase de instrucción, el resto de técnicos del organismo que declararon durante esa fase y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

El folleto de la salida a Bolsa era “incompleto”

Según el relato del fiscal Alejandro Luzón, que recoge la agencia Efe, el folleto de la salida a Bolsa era “incompleto” por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y “deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad”.

En este sentido, asegura que el documento que se entregó a quienes acudieron a la operación “arrastraba controvertidos criterios contables” adquiridos previamente por algunas de las siete cajas de ahorros que integraron Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, que protagonizaron las mayores críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

Anticorrupción, que no acusa a ninguno de los procesados del delito de falsedad contable, matiza que las cuentas del grupo BFA-Bankia no pueden calificarse “materialmente de falsas en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador“, el cual llegó a autorizar “expresamente” algunas decisiones que “no contribuyeron a que la imagen luciera adecuadamente”.

De este modo, considera que el principal problema del grupo no era el “forzado acomodo” a una “elástica” normativa, sino la rentabilidad, al tratarse de un grupo con activos “poco rentables” y pasivos de alto coste, que generaba “pérdidas recurrentes muy importantes”.

El folleto, pensado para proteger a Bankia de futuras reclamaciones

Con el apoyo de los inversores mayoristas, a los que Bankia atrajo mediante la refinanciación de créditos, sostiene la Fiscalía, se consiguió sacar adelante una operación en la que los minoristas asumieron un riesgo “extraordinariamente superior” a la que conlleva siempre un movimiento bursátil, “merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia”.

Las advertencias del folleto, considera el fiscal, estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor, “especialmente al minorista”, incapaz de asumir semejante lista de riesgos, “algunos de enorme complejidad”, lo que acabó dibujando un riesgo “remoto” e inconcreto.

Sobre la rebaja del precio inicial de las acciones hasta los 3,75 euros, en opinión de Luzón, además de evidenciar los deterioros que “no lucían plenamente” en la contabilidad, determinó “automáticamente” la inviabilidad e insolvencia de BFA. En este sentido, insiste en que el descuento del 74% llevaba implícito “lo que se quería evitar”, esto es, el incumplimiento por parte de la entidad del coeficiente de solvencia, circunstancia que determinó que apenas meses después el FROB entrara en el capital de Bankia.

15MpaRato pide doce años y medio de cárcel para Rato y Norniella

Mientras, el colectivo 15MpaRato -que ejerce la acusación popular- ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la apertura de juicio oral contra los 34 procesados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia y ha pedido para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato y el exconsejero Fernando Norniella doce años y medio de prisión por tres delitos de falsedad en las cuentas anuales y otro de fraude a inversores.

En su escrito remitido al juez instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo pide las mayores penas para los dos altos cargos de la entidad -ambos condenados en la causa de las tarjetas opacas al fisco- y una multa de 54.000 euros. Además impone una multa de 1,4 millones de euros a Bankia y Banco Financiero de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas y señala a Deloitte como responsable civil.

El colectivo atribuye a los procesados los delitos de falsedad en las cuentas anuales y de fraude a inversores por incluir datos falsos en los folletos informativos para la salida a Bolsa, a su juicio una “necesidad imperante para evitar la quiebra encubierta de la entidad”. Añade además que las cuentas reflejaban un beneficio consolidado al cierre del ejercicio de 2011 de 309 millones de euros y que en mayo del siguiente año BFA, la matriz de Bankia, solicitó una inyección de 19.000 millones. Si los clientes hubieran sabido que las pérdidas acumuladas de la entidad superaban en el primer semestre de 2011 los 1.000 millones de euros no hubieran invertido “un solo euro en acciones de Bankia”.

La acusación interesa asimismo la declaración en el juicio en calidad de testigo del ministro de Economía, Luis de Guindos; del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde; del presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri; del expresidente de La Caixa Isidro Fainé; del presidente del BBVA, Francisco González; del exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. Estos dos últimos declararon en calidad de investigados en la fase de instrucción, aunque el magistrado Andreu terminó archivando el procedimiento.

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