Amnistía Internacional denuncia que España cuenta con solo un 1,1% de vivienda social

Valencia Noticias | Agencias.- Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que España tiene una de las políticas de vivienda social “más endebles de Europa” ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido y el 17% de Francia, según los datos recogidos en el informe (‘Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España’) que la ONG mundial ha elaborado y que aborda el problema de los desahucios.

Solo Grecia presenta un dato inferior entre los quince primeros países que formaron parte de la Unión Europea (UE-15) ya que “es el único” que no tiene actualmente un plan de vivienda social, recoge el documento de Amnistía.

Un hombre se enfrenta al problema del deshaucio.
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Un hombre se enfrenta al problema del deshaucio.

Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha señalado que “el derecho a la vivienda corre peligro en España; y que “las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho”.

Amnistía considera que la vivienda es un “derecho hipotecado” en España porque a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008 hasta el primer trimestre de 2015 según los datos del CGPJ, el Gobierno ha adoptado medidas “insuficientes” que no han protegido la vivienda como derecho humano y que han tenido un alcance “muy restrictivo” al haber beneficiado únicamente a 31.500 familias.

Amnistía pide la paralización de los desahucios

Amnistía ha reclamado por eso que se paralicen todos los desahucios en España hasta que no se adopten garantías de protección.

AI pide entre otras medidas que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad del desalojo y que se establezca un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquellas que el desalojo sea la última alternativa, informa Servimedia.

Amnistía denuncia además que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50 % entre 2008 y 2015.

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, ha asegurado Beltrán.

Más de tres millones de viviendas vacías en España

Amnistía señala que España tiene más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que hay en Europa y critica que el Gobierno español y las autoridades de Cataluña y Madrid (el informe se centra solo en estas dos comunidades) no han intensificado su uso, como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recalca que la Sareb, el “banco malo”, tiene en su propiedad 80.000 viviendas, de manera que el Gobierno debería modificar su mandato y promover así el uso de esas viviendas para asegurar el acceso al mayor número de personas.

El informe recoge el testimonio de dos mujeres afectadas por los desalojos hipotecarios. Una de ellas es Ainhoa Lafuente, que describe cómo, a la hora de firmar su contrato, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejó de pagar la cuota hipotecaria y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, decidió regresar al hogar de sus padres, en Barcelona.

Por su parte, Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban, así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al quedarse ambos sin empleo, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca y les llegó una orden de desalojo. “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza Saavedra.

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