La causa de Serafín Castellano provoca nuevas detenciones en Valencia

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Agencias La Policía detuvo en 2015 al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en el marco de la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Serafín Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación, a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.

Ahora la Policía ha practicado nuevas detenciones y registros en Valencia y en otras provincias españolas derivadas de la causa que afecta al exconseller de Gobernación y Justicia y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios.

Esta operación está siendo coordinada desde el pasado año por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), encargado de este procedimiento –declarado secreto–, según ha podido saber Europa Press.

A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa.

Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional.

En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.

La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa Francisco Alandí en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector.

Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa.

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